El Gobierno de Extremadura presentará un recurso de inconstitucionalidad a la modificación por parte del Ejecutivo central del impuesto sobre la producción y transporte de energía denominado 'ecotasa', con el objetivo de "salvaguardar las competencias" de la comunidad.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno extremeño, Antonio Fernández, ha confirmado en rueda de prensa este martes en Mérida que el Ejecutivo regional presentará este recurso después de que el Consejo Consultivo haya transmitido que "es pertinente la interposición de un recurso de inconstitucionalidad".

Así, el consejero ha explicado que se trata de un recurso que llega una vez que no se ha podido alcanzar, porque "ha sido imposible", un acuerdo bilateral en la comisión mixta que se creó en el Ministerio de Energía. "Hemos tenido múltiples negociaciones, le hemos presentado muchos argumentos, y no se nos ha ofrecido, ni se nos ha considerado", ha explicado Fernández.

"repercutiría en los consumidores"

En ese sentido, el consejero ha explicado, a preguntas de los periodistas, que el Ejecutivo autonómico entiende "inconstitucional" la "repercusión de los extremeños el impuesto ecológico que en su día se impuso a la eléctricas".

De aplicarse la 'ecotasa' "tal y como está en esa ley", ha explicado, el impuesto "tendría que pagarlo no las compañías eléctricas, sino los ciudadanos extremeños".

"Por tanto, evidentemente, nos preocupa y mucho, y no estamos dispuestos", ha advertido Antonio Fernández, quien ha aclarado que hasta el momento no se ha decidido desde el Gobierno central "cuáles son los impuestos autonómicos que se va a repercutir en los consumidores".

Según ha subrayado, esta norma "puede suponer, además, una afectación a la financiación autonómica, con una merma aproximada de 93 millones de euros al año".

Por otro lado, ha explicado que, en atención a la disposiciones adicionales que contempla la ley, se "habilita" al ministro de Industria, Energía y Turismo a que "arbitrariamente decidiría cuáles son los impuestos autonómicos que hay que considerar como recargo a los ciudadanos de esa comunidad, y cuáles no".

"Creemos que esa autoridad no se puede delegar en un ministro, y menos en un ministro de Energía. Si acaso, y tampoco, en un ministro de Hacienda", ha sentenciado.