La Comisión Europea, por boca de la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, afirma que las condiciones de la CNE a la opa de E.ON sobre Endesa siguen violando, tras su modificación, la legislación comunitaria y dio a las autoridades españolas hasta el próximo 13 de diciembre para responder a este dictamen.

En su "evaluación preliminar" sobre la resolución del Ministerio de Industria que cambió los requisitos impuestos por la CNE a la opa del grupo alemán, Bruselas señala que las nuevas medidas violan el principio de libre movimiento de capitales y de libertad de establecimiento y algunas también el de libre movimiento de mercancías.

El Ejecutivo comunitario declaró ilegales lo  requisitos iniciales que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que en su mayoría han sido derogados por el Gobierno.

Condiciones ilegales

El pasado 26 de septiembre, Bruselas declaró ilegales 18 de las 19 condiciones impuestas por la CNE al considerar que invaden la competencia exclusiva del Ejecutivo comunitario a la hora de examinar las fusiones de dimensión comunitaria y vulneran el libre movimiento  de capitales y la libertad de establecimiento.

 Por estas razones, exigió al Gobierno que las retirara de manera inmediata.

Tres semanas más tarde, el 18 de octubre, la Comisión expedientó a España por no haber hecho caso de su dictamen anterior y no haber  actuado para suprimir las condiciones y le lanzó un ultimátum de sólo  5 días para rectificar.

Expediente sancionador

El 3 de noviembre, y en respuesta a los recursos contra el dictamen de la CNE, el Gobierno decidió modificar las condiciones iniciales y eximir al grupo alemán de la venta de activos de Endesa para hacerse con su control, pero mantener el veto sobre la compañía durante diez años.

Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha analizado "cuidadosamente" la decisión del ministerio de Industria y se pronunciará definitivamente sobre ella este miércoles.

En paralelo, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy,  mantiene abierto un expediente sancionador contra España por el  decreto que amplió las competencias de la CNE y le facultó para  imponer condiciones a la OPA de E.ON.

Las autoridades españolas  tienen hasta principios de diciembre para modificar el decreto. En  caso contrario, el caso acabará ante el Tribunal de Justicia de la  UE.