El Pleno del Parlamento ha convalidado este miércoles, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo de PP-A, el decreto-ley aprobado por el Gobierno andaluz y que autoriza al Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) a asumir las funciones de la Dirección General mientras se encuentre vacante este cargo. PSOE-A e IULV-CA han rechazado la tramitación como proyecto de ley de este decreto, solicitada por PP-A.

Según ha explicado la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, durante su intervención en el Pleno del Parlamento, esta decisión se ha adoptado ante la "extraordinaria y urgente" necesidad de regular esta situación, no prevista en la ley 18/2007 de la RTVA y sobrevenida tras la dimisión "por sorpresa" del director general, Pablo Carrasco.

Díaz, que ha afirmado que el Consejo de Gobierno ha tenido claro en todo momento que no hay que modificar la Ley de RTVA, como sí se ha hecho a nivel nacional, ha destacado que se ha optado por una solución "transitoria, de interinidad y que garantiza la independencia y de la legitimidad del ente público". Según ha apuntado, dicha situación se resolverá cuando los grupos alcancen un acuerdo sobre el nuevo director general. Ha avanzado que la ronda de contactos comenzará este jueves.

La norma aprobada añade un párrafo al artículo 18 de la ley para establecer que las funciones de la Dirección General serán ejercidas por el Consejo de Administración, con carácter provisional, hasta el nombramiento en el Parlamento del nuevo titular. La elección del Consejo de Administración viene motivada por ser el otro órgano de la RTVA cuyos miembros han sido elegidos en sede parlamentaria, ha explicado Díaz.

El nuevo texto también habilita al Consejo de Administración para que delegue en el personal directivo de la RTVA el ejercicio de aquellas funciones que corresponden al director general y que tienen mayor vinculación con la gestión. La delegación se acordará por mayoría absoluta de sus miembros y con la misma limitación temporal.

Con esta medida, el Gobierno andaluz otorga una solución temporal a una situación que complicaba la gestión tanto de la RTVA como de sus sociedades filiales, al no tener a ningún órgano que pudiese desempeñar provisionalmente las funciones de la Dirección General. La Junta garantiza así la estabilidad de este ente audiovisual, cuyo carácter público establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

PP-A

Ve el decreto una "chapuza"

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Miguel Contreras ha considerado que el decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno es "una chapuza" con la que se ha creado la figura de una subdirección general para mantener el control de la RTVA y con la que "se saltan al Parlamento".

Tras asegurar que Carrasco ha sido "una víctima" del bipartito, Contreras ha pedido la tramitación como proyecto de ley de esta normativa y ha garantizado que su formación está abierta al diálogo. "Desde el 12 de marzo estamos esperando a que nos llamen para dialogar, pero que no vengan con imposiciones", ha destacado el diputado 'popular'.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Javier Aragón ha mostrado el apoyo de su formación al decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno ante el "vacío legal" que ha supuesto la dimisión del director general de la RTVA. Ha lamentado que el PP-A hable de "decretazo" en Andalucía y que cuando el Gobierno de la Nación "tritura la mayoría cualificada" para elegir al director general de la RTVA lo achaquen a "una urgente necesidad".

Aragón, que también ha censurado las críticas del PP-A a la "falta de pluralidad" de la RTVA, ha destacado que importantes dirigentes de este partido se hayan negado a participar en el programa de debate de Canal Sur Televisión 'Pido la palabra', al que han sido invitados. Entre ellos, ha citado al portavoz parlamentario, Carlos Rojas, o la alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Esperanza Oña, entre otros.

IULV-CA:

"no hay mal que por bien no venga"

Finalmente, la diputada de IULV-CA Rosalía Martín ha asegurado que el Gobierno andaluz ha dado una "respuesta inmediata" con este decreto a la situación creada tras la dimisión de Carrasco. Ha aludido al dicho popular de que "no hay mal que por bien no venga" al considerar que la marcha del director general de la RTVA supone una "oportunidad" para iniciar una reflexión sobre el futuro del ente público.

En su opinión, se hace necesaria una "reflexión profunda, tranquila y serena" sobre el modelo de la RTVA entre los grupos parlamentarios, las instituciones, los trabajadores y la ciudadanía. "Tenemos que ver cómo mejorar este medio de comunicación, reforzar su carácter público y ver si el modelo es sostenible o no, y si la plantilla está aprovechada", ha apostillado.