La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que ostenta las competencias urbanísticas, ha presentado un recurso por el que se impugna el Plan Especial de Protección de la Carretera de Palma del Río, aprobado por el Ayuntamiento de Córdoba, y, como medida cautelar, solicita la suspensión del plan, aunque exclusivamente para el ámbito donde se ubicaron las instalaciones de Colecor.

La Junta, según ha informado en un comunicado, fundamenta su demanda en dos razones básicas. Por un lado, el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río introduce un nuevo uso, "industrias y almacenaje incompatibles con el suelo urbano", que no está permitido por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Córdoba para el ámbito donde se ubicaron las industrias históricas, calificado como suelo no urbanizable de especial protección de la Vega del Guadalquivir. Por otro lado, dicho Plan establece un nivel de ocupación muy superior al que disponían las edificaciones históricas ubicadas en esta zona, que resulta "no justificado en relación con la protección" de la Vega.

Igualmente, la Junta considera que el Plan Especial se ha excedido en las facultades que le otorga la legislación urbanística para la regulación de los usos prohibidos y permitidos por el Plan General, debiendo limitarse a "precisar y complementar" sus determinaciones. En este sentido se expresó la propia sentencia recaída sobre el Plan Especial anteriormente anulado, que señala que éste no puede contradecir ni desconocer las prohibiciones de uso que establece el PGOU, y que la asignación de usos debe estar motivada y justificada, conforme a los criterios señalados en el PGOU, a las necesidades y características del terreno, y a la realidad física y natural presente.

Si bien en el PGOU se establece que el Plan Especial debe hacer viable la permanencia de las zonas industriales históricas que alberga -Butano, Colecor, etcétera-, permitiendo su nueva puesta en uso con un nivel de ocupación adecuado, en el documento aprobado por el Ayuntamiento "se regulan unos parámetros de ocupación muy por encima del que disponían estas edificaciones, todo ello agravado por la posibilidad de que estos parámetros puedan ser aplicados sobre una superficie mayor de la original, lo que supone un incremento sustancial de la edificación permitida".

En otro orden de cosas, el Plan Especial "incumple lo establecido en el PGOU en relación con la protección de los elementos agrícolas patrimoniales y ambientales, ya que se amplía el ámbito en el que se ubicaban las industrias históricas, antes concentradas entre la carretera de la Palma y el camino histórico de Cantarranas, permitiendo así que la edificación se acerque al pie de monte, en perjuicio de los niveles de protección propugnados tanto desde el Plan General como en el propio Plan Especial".

La alteración de las determinaciones del PGOU por parte de este Plan Especial justifica, que la Junta de Andalucía impugne el acuerdo de aprobación adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba de 11 de diciembre de 2012, ya que "supone una modificación del Plan General que no puede llevarla a cabo un planeamiento de desarrollo como es el Plan Especial". Se solicita, asimismo, que se suspenda cautelarmente su ejecución, aunque exclusivamente en el ámbito en el que se ubicaban las industrias históricas.

El acuerdo municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó por unanimidad el citado Plan Especial de Protección y Ordenación de la Carretera de Palma del Río, con los votos a favor del gobierno del PP, de los grupos de IU y PSOE y de los dos concejales de UCOR presentes, tras no participar en el debate ni en la votación otros dos ediles de dicho grupo, Carlos Baquerín y María José López de la Bastida, ni el líder de UCOR, Rafael Gómez, en este último caso al ser parte afectada de forma directa, en relación con las llamadas naves de Colecor, que levantó sin licencia y por las que se enfrenta a una sanción de 24,6 millones de euros que, según avisó, no piensa pagar "nunca".

En concreto, el citado Plan Especial regula un total de 155 hectáreas, donde se ubican, entre otras instalaciones y construcciones, las citadas naves de Colecor. Según el Plan ahora impugnado por la Junta y que debía desarrollarse mediante planes parciales y de actuación, solo se podría legalizar una parte de las naves, siendo preciso demoler 15.000 de los 40.000 metros cuadrados construidos, algo que ahora no podrá hacerse si, como pretende la Junta, se paraliza la ejecución del Plan en lo referido, precisamente, a las instalaciones de Colecor.