Las defensas de veinte supuestos "casuals", para los que la fiscal pide penas de hasta 119 años de cárcel por una quincena de delitos, han pedido la nulidad de las pruebas que les incriminan, desde escuchas telefónicas hasta registros domiciliarios y la declaración de testigos protegidos.

En la sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha comenzado este martes el macrojuicio contra veinte supuestos 'casuals', la rama más violenta de los 'Boixos Nois', así como contra otros nueve acusados, para los que el fiscal pide penas de hasta 119 años de cárcel por una quincena de delitos, especialmente ejecutar por encargo agresiones a terceros.

En la ronda de cuestiones previas, las defensas de los acusados han pedido al tribunal que anule casi todas las pruebas, lo que podría suponer en la práctica la suspensión del juicio, al estimar que con ellas se vulneraron los derechos de los acusados.

Los abogados defensores han sostenido que las escuchas telefónicas no fueron proporcionales, porque la investigación partió de unas lesiones, y además se intervinieron también las llamadas de una víctima que no colaboraba con la justicia.

Las defensas también han pedido que no se dé crédito a la declaración de los testigos protegidos, porque hablaron en "tercera persona" y además están convencidos de que faltaron a la verdad. Además, han pedido que no se dé valor a las pruebas de reconocimiento, al considerar que hubo irregularidades.

Los letrados han reclamado la nulidad de los registros domiciliarios -en los que se incautaron arsenales de armas y vehículos de lujo-, porque creen que no estaban justificados.

Las defensas también han alegado la indefensión de sus clientes al ser objeto de dos investigaciones paralelas sobre el mismo hecho, ya que a la causa madre instruida por un juez de Gavà (Barcelona) se le añadió una dirigida por la titular del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona por amenazas en un juzgado.

El tribunal ha acordado hacer una pausa en el juicio, que se retomará por la tarde con la intervención de la fiscal.

El tribunal ha optado por suspender el juicio hasta la tarde, pero a las 17.20 horas se ha visto obligado a hacer una pausa porque uno de los 'casuals' se ha mareado. "No nos han dado comer", han exclamado entonces varios de ellos.

En ese momento, la fiscal estaba planteando sus argumentos para rechazar la petición de las defensas de que el tribunal anule las pruebas que incriminan a los procesados. En su opinión, no se han vulnerado los derechos fundamentales ni se ha provocado la indefensión de los encausados, a los que acusa de llevar a cabo una "frenética actuación criminal".

La presidenta del tribunal ha llamado entonces al responsable de los Mossos d'Esquadra a la sala y, después de hablar con él, ha acordado suspender la sesión temporalmente porque los nuevo acusados fueran trasladados de nuevo a los calabozos porque se pudieran tomar "otro bocadillo".

Fuentes de la policía catalana consultadas por Efe han indicado que a los nueve acusados se les ha dado comer al calabozo -cosa que niegan los abogados defensores-, aunque no se ha permitido que entraran los bocadillos que los habían traído sus familiares.

El tribunal también ha acordado llamar al médico forense de la Ciutat de la Justicia porque evalúe el estado del acusado indispuesto -quien ha sido trasladado al centro de atención primaria Pere Camps- y así poder retomar la sesión.

Gran parte de los acusados formaban parte de los 'casuals', la facción más violenta de la peña radical del Barça, los 'Boixos Nois'. Ya fueron juzgados, aunque quedaron absueltos o fueron condenados a penas menores, el pasado otoño por asaltar a narcotraficantes.

El líder del grupo, Ricardo M. L., se enfrenta a una petición de penas que suman 120 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, posesión de armas, tráfico de drogas, amenazas, intento de asesinato, lesiones y robos perpetrados con violencia.

El cabecilla es conocido por los sobrenombres de Lucho, Sobres, Canas o Guantes, y cuenta con numerosos antecedentes delictivos. Otros acusados se enfrentan a penas de hasta 50 años de prisión.

Entre los encausados, también figura Antonio T.A., alias "Antoñito", implicado en las amenazas de muerte al expresidente del FC Barcelona Joan Laporta, para quien la fiscal pide 33 años.

Otro de los procesados es Efrén S.S., alias "Costi", que en 2009 fue condenado a dos años de cárcel por la paliza racista que los jugadores del Bada-Bing, del que era presidente-jugador, propinaron a los miembros de un equipo rival en un partido de Tercera División, y que ahora se enfrenta a una petición de 48 años.