El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto-ley por el que se traspasan a la Consejería de Educación las competencias en Formación Profesional (FP) para el Empleo, hasta ahora gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Este decreto, que se aprueba dos meses después del límite de plazo que se fijó en el 31 de enero de este año, conlleva sólo traspaso de competencias y no de personal, de manera que los trabajadores de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), seguirá con la condición de personal administrativo que ejerce funciones auxiliares dentro del SAE.

Esta decisión se enmarca en el proceso de integración de las dos modalidades de FP para el Empleo (la ocupacional para desempleados y la continua para trabajadores en activo) y la FP Inicial o reglada (la del sistema educativo), que la Junta viene desarrollando en los últimos años para implantar un sistema más accesible, flexible, individualizado y conectado a las necesidades del tejido productivo. De acuerdo con la norma aprobada, esta gestión única deberá atender a las orientaciones que seguirá marcando el SAE en relación con las demandas reales del mercado de trabajo en cada territorio.

Junto con la coordinación y gestión de la oferta formativa anual para personas ocupadas y demandantes de empleo, las competencias traspasadas a Educación incluyen también la formación a lo largo de la vida y los programas en alternancia como las escuelas taller, las casas de oficio y los talleres de empleo, así como la programación de los centros de formación profesional para el empleo, tanto propios como consorciados, y la gestión de las acreditaciones de competencias adquiridas por la experiencia laboral y por vías no formales.

El proceso de integración de la FP se inició en 2009 con un decreto que, además de fusionar las modalidades ocupacional y continua, incorporó los 'Certificados de Profesionalidad', que refuerzan el reconocimiento de los cursos con la posibilidad de su convalidación por la FP reglada. En este sentido, el Decreto-ley aprobado este martes establece mecanismos de coordinación entre Educación y el SAE para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas en los cursos y en la propia experiencia laboral.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que, dada la complejidad que podía tener el traspaso de unas competencias como estas, el proceso se ha querido hacer "con todas las garantías jurídicas" y con toda la seguridad para que no se resienta la estructura del Gobierno ni los ciudadanos, principales beneficiarios de este cambio de política, se vean afectados.

Este decreto de traspaso de competencias, según ha precisado Vázquez, da respuesta además al decreto de estructura de la composición del Gobierno y conlleva todas las garantías jurídicas y seguridad, con el objetivo de dinamizar e impulsar la formación profesional para el empleo.

Preguntado por el hecho de que no se haya llevado a cabo en el plazo previsto, que finalizaba el 31 de enero, ha indicado que es cierto que han pasado dos meses, "un tiempo razonable", y que habida cuenta de la importancia que tiene la gestión de la formación profesional para el empleo, "no ha importado rebasar un poco ese límite temporal, con tal de conseguir un traspaso de competencias ordenado, funcional y que responda también a todas las necesidades de la población andaluza y refleje el sentir de los agentes económicos y sociales".

En este punto, ha querido dejar claro que en todo este proceso ha estado permanentemente presente el diálogo de las consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Educación con los sindicatos, alguna de cuyas demandas ha sido incorporada.

Funciones del personal de faffe

Respecto a las funciones que desarrollará a partir de ahora el personal de la extinta Faffe, Vázquez ha indicado que va a seguir ejerciendo las mismas funciones que está desarrollando en estos momentos, personal administrativo que ejerce funciones auxiliares dentro del SAE.

La FP para el Empleo en Andalucía señala como colectivos prioritarios a las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y las personas con mayores dificultades de acceso al empleo, como las que presentan discapacidad, las desempleadas de larga duración, las mayores de 45 años y las víctimas de la violencia de género.

Asimismo, se presta especial atención a los jóvenes que en los años de bonanza económica abandonaron prematuramente sus estudios para incorporarse a empleos poco cualificados y ahora están en el paro.