La Alianza UPA-COAG ha expresado su rechazo a "cualquier cierre" que se pretenda hacer por parte del Gobierno autonómico de unidades veterinarias porque consideran que se trataría de "un recorte más" para el sector agrario.

Además, en un comunicado recogido por Europa Press, las organizaciones agrarias han solicitado a las delegaciones territoriales de la Junta en cada una de las nueve provincias, así como a los responsables de los servicios de Ganadería de la Administración regional, que convoquen mesas de trabajo para dar cumplida información a los alcaldes afectados por los posibles cierres así como a las organizaciones agrarias provinciales.

La Alianza considera clave que en cada provincia la Delegación Territorial y el Servicio de Ganadería deben explicar "detalladamente" los criterios y valoraciones que han tenido en cuenta en base a datos como el número de ganaderos por unidades veterinarias, número de explotaciones con código CEA, cabezas de ganado, carga de trabajo, etcétera, para decidir qué unidades veterinarias deberían cerrarse.

En cualquier caso, ambas organizaciones han exigido "suficientes medidos humanos y materiales" para que la Administración regional pueda dotar de servicios a los profesionales de la ganadería.

"Por este motivo cualquier propuesta de cierre de unidades veterinarias lo consideramos un grave perjuicio que sin duda incidirá negativamente en el día a día de los ganaderos profesionales", han expresado.

Afectados por los recortes

La Alianza considera que el mundo rural en general y el sector agrario en particular "está siendo especialmente afectado por las políticas restrictivas y de recortes", lo que a su juicio hace que se esté "minando el presente y futuro del sector" e "incluso la calidad de vida en los pueblos".

En este sentido, han asegurado que algunos "agravios" que se "sufren" últimamente en el medio rural relacionados con la sanidad, educación o infraestructuras son "gravísimos" y esto hace que la vida en los pueblos "sea cada vez más inviable" y se esté convirtiendo a sus habitantes "en ciudadanos de tercera categoría".

La Alianza ha lamentado que nada quede al margen de la "tijera" del Gobierno central y regional y que ahora las distintas delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León hayan elaborado unos informes en base a los cuales pueden acabar con un tercio de las actuales unidades veterinarias, aspecto en el que han advertido de que van a encontrar a la organización "en frente".