Los juzgados de la ciudad de Valencia están viviendo un auténtico boom de conflictividad en divorcios. Pero no en los nuevos, sino en aquellos que ya cuentan con medidas sobre y guardia y custodia aprobadas hace años. La crisis económica está empujando a muchas parejas a replantearse estas condiciones económicas al no poder afrontarlas, con lo que se han disparado las demandas de este tipo.

Los órganos judiciales de la capital tramitaron 820 demandas de modificación de medidas de guardia y custodia no consensuadas en 2012, frente a las 612 del año anterior, lo que supone un aumento del 34% en un año y del 60% en dos años. Así consta en la Estadística de Registro y Reparto de Asuntos elaborada por el Decanato de los Juzgados con los datos del año 2012.

Tal y como explican abogados matrimonialistas, muchos trabajadores y autónomos empezaron a solicitar, desde hace un par de años, modificaciones de las medidas judiciales fijadas en los divorcios: "No las pueden afrontar porque los despiden o cierran sus pequeños negocios de barrio", apuntan. Esta problemática les lleva a solicitar cambios en la forma de pago cada vez con más frecuencia en la ciudad de Valencia.

El resumen anual de los asuntos abordados en los Juzgados de Familia de la ciudad muestra, en cambio, un cierto estancamiento, o incluso reducción de las separaciones y divorcios. Esta tendencia se inició en los albores de la crisis económica, cuando algunas parejas incluso optaban por intentar resistir o por no formalizar la ruptura para no tener que abandonar la vivienda que compartían, según los expertos en esta materia.

En este sentido, los datos del año pasado muestran que las demandas de separación y divorcio no consensuadas apenas crecieron un 19,98%, hasta las 927, mientras los rubricados con acuerdo descendieron un 5,92%, hasta los 1.636, según los datos del Decanato.

Los problemas económicos que sufren a diario muchos valencianos como consecuencia de la crisis están teniendo su impacto en dos tipos de juzgados: los de lo Social, que tramitan despidos y conflictos laborales, y los de lo Mercantil, donde se sustancian los concursos de acreedores y los pleitos empresariales. En el primer caso, el aumento de demandas fue del 8% el año pasado, y del 11,97% en el segundo. En cambio, en los de lo Contencioso-administrativo hay una caída del 16%.