La acusación particular pedirá a partir de este lunes 296 años de cárcel para un hombre acusado de intentar volar con bombonas de butano, disolvente y gasolina un bloque de viviendas en Sevilla, por lo que le imputan 19 delitos de asesinato en tentativa.

El acusado Rafael P.P., entonces de 67 años, sobre las 4 de la madrugada del 17 de julio del 2009 colocó "de forma estratégica hasta nueve artefactos incendiarios de fabricación artesanal" repartidos por varios pisos, desde el cuarto de contadores hasta su propio domicilio en el primer piso, según el escrito de acusación del fiscal.

Rafael P.P. actuó de esta manera debido a los "numerosos problemas que había tenido con otros vecinos del bloque", situado en la barriada sevillana de Las Naciones, y como consecuencia del incendio resultaron afectadas 28 personas, entre ellos un niño de 5 años que sufrió inhalación de humo y que precisó quince días de tratamiento.

En el juicio que celebrará la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla entre el lunes y el miércoles, el fiscal imputará a Rafael P.P. un delito de incendio con riesgo para las personas, por el que solicita 9 años de prisión, otro delito de lesiones, con una pena de cinco meses, y otra multa de 180 euros por cada una de las siete faltas de lesiones que le imputa.

Un letrado que representa a 19 afectados le imputa otros tantos asesinatos con alevosía en grado de tentativa, por los que pide quince años de cárcel por cada uno, diez años por un delito de estragos y dos meses de prisión por un delito de lesiones, lo que totaliza 296 años de cárcel.  Además solicita trece multas de 360 euros por otras tantas faltas de lesiones.

Según el fiscal, el acusado repartió las bombonas, latas de disolvente, gasolina y papel de periódico, abrió los reguladores de las bombonas, dejó escapar el gas y les prendió fuego.

La deflagración y el consiguiente incendio supusieron "un grave riesgo para la vida o integridad de las personas", así como cuantiosos daños materiales, por lo que el fiscal solicita el pago de 238.950 euros a la comunidad de propietarios y de 3.000 euros a cada uno de los afectados por el daño psicológico.

Según el fiscal, el procesado sufría un trastorno paranoide de la personalidad e ideas delirantes de tipo persecutorio, que "si bien no afectaban a su capacidad de conocer, sí a su capacidad de actuar", por lo que le aplica una eximente de la responsabilidad.

Entre otros, resultó afectada una niña de 4 años y una mujer embarazada que se cayó, sin que el feto sufriera daño, aunque desde el punto de vista psicológico la madre padeció "ansiedad, sentimientos de miedo, tensión interna y reacciones de sobresalto".

El acusado se encuentra encarcelado desde que ocurrieron los hechos y la Audiencia de Sevilla ha prorrogado sucesivas veces su prisión provisional, que el 17 de julio cumplirá el máximo legal de cuatro años.