> El Colegio Oficial de Trabajo Social denuncia a la Comunidad Autónoma ante la Defensora del Pueblo

El Colegio Oficial de Trabajo Social denuncia a la Comunidad Autónoma ante la Defensora del Pueblo

Los Trabajadores Sociales en defensa de los Derechos Sociales de los murcianos piden a la Defensora del Pueblo de España que exija a la Administración Regional el cumplimiento de la Ley de Renta Básica de Inserción, que afecta a las familias más vulnerables.

Los Trabajadores Sociales en defensa de los Derechos Sociales de los murcianos piden a la Defensora del Pueblo de España que exija a la Administración Regional el cumplimiento de la Ley de Renta Básica de Inserción, que afecta a las familias más vulnerables.

Así, la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social, Judit García, presentó el viernes 22 de marzo una petición a Soledad Becerril que exija al Gobierno Regional el cumplimiento de la Ley, y proceda a su desarrollo reglamentario, cuyo plazo legal expiró hace más de 5 años.

García recuerda que ya lo exigió la Asamblea Regional, en una moción unánime aprobada por PP, PSOE e IU, el 2 de noviembre de 2011, y el extinto Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, mediante un recordatorio de deber legal a la consejera de Sanidad y Política Social.

La Consejera de Sanidad y Política Social contestó al Defensor del Pueblo que aunque las solicitudes cumplían con los requisitos, el agotamiento de crédito imposibilitaba la concesión a las solicitudes desde abril de 2012.

A pesar de que la Ley prevé la obligada ampliación presupuestaria, por ser un derecho reconocido a todas las personas que cumplan los requisitos, para el Gobierno Regional "no están siendo prioritarias las familias que carecen de cualquier tipo de recurso económico, y que ya han agotado la prestación y el subsidio por desempleo".

Fernando Mateo, Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social reconoció públicamente, el 15 de octubre de 2012, que casi 800 familias llevaban meses esperando, a pesar de que una semana antes, el 8 de octubre, el entonces Director General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión Social, Juan Castaño afirmaba que se le estaba dando cumplimiento a la Ley.

El propio presidente Valcárcel afirmó en la Asamblea Regional el 21 de noviembre que no se resolverían las solicitudes hasta primeros del año 2013, cuando la Ley de Renta Básica de la Región de Murcia establece un plazo de 2 meses, por considerarse necesidades básicas.

El Colegio Oficial ya anunció que la partida presupuestaria para 2013 era insuficiente, cada vez hay más familias sin ingresos, y a la partida de 2013 se le debe descontar la incorporación de casi 1000 familias que quedaron a la espera a 31 de diciembre de 2012.

Destinan el 0,11%

De su presupuesto a las familias sin ingresos

García denuncia que el último recurso con el que cuentan las familias que no encuentran un empleo ni perciben ningún tipo ayuda suponga solamente el 0,11% en la Ley de Presupuestos Generales de 2013, y no sea ampliado como exige la Ley.

Por ello, considera "aún más grave que las solicitudes caigan en el olvido durante meses, escudándose la Administración Regional en el transcurso de los plazos administrativos", según han informado fuentes del citado colegio profesional en un comunicado.

De este modo, explican que una familia que solicite apoyo a la Administración deberá esperar dos meses a que su Ayuntamiento la tramite, dos meses a que venza el plazo que tiene la Administración Regional para resolver, seis meses para considerar rechazada la petición por silencio administrativo, debiendo recurrir posteriormente ante la Consejera de Sanidad y Política Social.

"Con todo ello se logra que el plazo de dos meses fijado por la Ley, se convierta en un año, obligando a las familias a esperar a que la Administración Regional disponga del nuevo presupuesto a primeros del año siguiente", ha criticado.

El gobierno regional se ahorra 100?

Por familia y mes

El desarrollo reglamentario además de venir a garantizar los derechos de las familias más vulnerables, vendría a dar cumplimiento al importe por familia que exige la Ley, al menos el 75 por ciento del IPREM (400 euros aproximadamente), mientras que en la actualidad, se mantiene aplicando la normativa de 1994, ahorrándose 100 euros al mes por familia.

Finalmente, la presidenta del Colegio Oficial pidió y espera de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, "que tome las medidas que legalmente correspondan y haga un seguimiento de los incumplimientos del Gobierno Regional, siendo garante de los Derechos Sociales de los murcianos".

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