El Gobierno andaluz ha señalado que no está cerrado a que haya una cifra de objetivo de déficit diferente para unas comunidades y otras en el presente ejercicio, siempre y cuando "se garantice la protección de los servicios públicos esenciales" y no haya ningún "agravio entre unos territorios y otros".

La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha valorado, en una entrevista con Europa Press, la puesta en marcha de un grupo de trabajo, según se acordó en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para estudiar cuál tiene que ser el reparto del objetivo de déficit entre comunidades y el Estado para 2013, dando cumplimiento a la Conferencia de Presidentes y a una realidad: "que las comunidades estamos afrontando en estos momentos los servicios que se tienen que proteger por el conjunto de las instituciones".

Ha recalcado que Andalucía tiene un problema de ingresos y no de gasto, de manera que una correcta aplicación del modelo de financiación supondría mil millones de euros más a esta comunidad, a donde no está llegando tampoco la inversión del Estado por habitante que está contemplada en el Estatuto de Autonomía. Tampoco está llegando a las comunidades, según ha apuntado, el 50 por ciento del incremento de la subida del IVA.

Tras destacar el "gran esfuerzo", con una reducción de en torno al 40 por ciento del gasto, unos 2.000 millones, que la Junta hizo en el año 2012, Susana Díaz ha confiado en que el Gobierno central, con responsabilidad, con sensibilidad y con seriedad, "dé cuanto antes una salida a ese grupo de trabajo y se determine un nuevo objetivo de déficit para este ejercicio".

Para la consejera, ante todo, tiene que haber un compromiso nítido y claro de qué queremos proteger, teniendo en cuenta que esos elementos a proteger son la educación, la sanidad, las prestaciones sociales, las prestaciones por desempleo y las pensiones.

Ha indicado que la Junta ha valorado positivamente el "tono" y la voluntad de diálogo del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la última reunión del CPFF, de manera que espera que el resultado del trabajo de los dos grupos que se han puesto en marcha determine un sendero de colaboración y de lealtad entre instituciones que es lo que necesita en estos momentos el país y los ciudadanos que lo pasan mal.

Asimismo, Susana Díaz ha señalado que las Conferencias de Presidentes tienen que ser periódicas y abordar los principales asuntos que en cada momento estén afectando al Gobierno de la Nación y a las comunidades. Ha insistido en que el camino es el de la colaboración y la cooperación entre instituciones.

A este respecto, ha puesto de manifiesto que la relación entre consejeros del Gobierno andaluz y determinados ministros está "siendo fluida".

El gobierno andaluz es "incómodo" para la derecha

No obstante, Susana Díaz se ha mostrado convencida de que el Gobierno andaluz es "incómodo" para determinados intereses de la derecha en este país, porque está demostrando que hay una hoja de ruta distinta y diferente. Ha señalado que, a diferencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Gobierno andaluz de izquierdas está comprometido con el empleo y está trabajando en un plan contra la exclusión social.

"Se trata de un Gobierno diferente con un camino propio, al tiempo que es responsable", según Díaz, para quien ello es "incómodo para algunos sectores de la derecha que quieren utilizar la crisis para desmontar mucho de los logros conseguidos en este país, como el estado del bienestar, para recortar derechos y para aplicar una involución ideológica".

Urgente un plan de lucha contra la exclusión social

De otro lado, Susana Díaz ha indicado que uno de los objetivos que deben afrontar las distintas instituciones en este momento es la lucha contra la exclusión social, uniendo esfuerzos, voluntades y recursos, para hacer frente a un drama que están viviendo miles de familias en este país.

En este sentido, ha explicado que la Junta va a poner sobre la mesa recursos y una iniciativa política importante, desde los programas del plan de acción social, directamente gestionados por los ayuntamientos para dar salida laboral a miles de familias que están a punto de ser expulsadas del sistema; un plan de solidaridad agroalimentaria, que garantice que se cubran las necesidades de miles de familias, y otro tipo de recursos que suponen un esfuerzo importante.

Ha señalado que si esa aportación se combina con la de los ayuntamientos, diputaciones y la del Estado, estaremos ante un gran paquete de recursos de medidas para dar una solución a miles de familias que lo están pasando muy mal.