La secretaria general de Consumo de la Junta de Andalucía, Dolores Muñoz, ha denunciado este jueves que la nulidad de las cláusulas suelo declarada en la reciente sentencia del Tribunal Supremo, en los casos de "falta de transparencia", deja "desprotegidas" a las personas afectadas en su defensa con la entidad bancaria.

En la línea de varios pronunciamientos judiciales, Muñoz entiende, según un comunicado, que las denominadas "cláusulas suelo" son auténticas condiciones generales de la contratación en las que no cabe negociación por la persona consumidora, sino que su aplicación responde a la política discrecional y unilateral de cada entidad.

Ha señalado que hacer depender la nulidad de dichas cláusulas suelo de un concepto jurídico indeterminado como es la "transparencia" en un contexto en el que la persona consumidora suele verse obligada a firmar, en no pocas ocasiones sin entender lo que suscribe, o bien a no contratar la hipoteca, supone reducir los derechos de la parte más débil que es la persona consumidora.

En este contexto, la secretaria general de Consumo ha subrayado el interés de la Junta por anticiparse en reforzar las garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias que contraten productos hipotecarios en un momento en el que la sociedad se siente, en muchos casos, "desprotegida y víctima de condiciones abusivas" en la contratación de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda.

Además, ha criticado que el dictamen no comporta devolución de las cantidades ya satisfechas hasta el momento, y ha considerado que no declarar la retroactividad significa no dar respuesta a los derechos de las personas consumidoras.

A su juicio, deberían considerarse cláusulas nulas y, en consecuencia, con efectos retroactivos y derecho a la devolución de cantidades, las cláusulas suelo en las que se quiebre el principio de buena fe contractual asi como aquéllas en las que hay falta de reciprocidad entre persona consumidora y entidad financiera favoreciendo únicamente a la segunda. También aquéllas en las que la entidad financiera no ha informado de manera transparente y suficiente a la persona consumidora.

La secretaria general de Consumo ha insistido en que, ante un contexto de desequilibrio en el que el banco fija unilateralmente las condiciones del contrato y el cliente las acata, resulta difícil poner en valor el requisito de "transparencia". En este sentido, ha recordado el interés de la norma que el Gobierno andaluz está elaborando y que trata de acabar con situaciones de abuso y desprotección de las personas consumidoras.

La responsable de Consumo ha asegurado que "será una ley que actuará en el ámbito de la prevención y que afectará tanto a las personas que suscriban una operación con garantías hipotecarías como a las que les avalen".

Finalmente, ha puesto en valor que esa futura ley "piensa en el presente y en el futuro" y conlleva una mayor transparencia en la información para proteger a la ciudadanía en la contratación de créditos hipotecarios, así como, en el caso de incumplimiento ante la pérdida de la vivienda y la demanda de cantidades, a veces abusiva para la persona.