El concejal y diputado provincial de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento y en la Diputación de Córdoba, respectivamente, Carlos Baquerín, ha dicho que le "resulta extraño que la Fiscalía en ningún momento se haya puesto en contacto" con él desde que presentó la denuncia, ahora archivada, contra el líder de su partido, Rafael Gómez, y contra el portavoz y la concejal de UCOR en el Consistorio, Juan Miguel Alburquerque y Aurora Aguilar, por el uso, supuestamente ilegal, que podrían haber dado a las subvenciones públicas recibidas por los respectivos grupos de UCOR en la Diputación y el Consistorio.

En declaraciones a Europa Press, Baquerín ha dicho que tampoco entiende "que, además", se haya "tenido que enterar del archivo por los medios de comunicación". De este modo ahora espera, puesto que solicitó en su denuncia "ser informado en tiempo y forma, que la Fiscalía se digne" a informarle "de los motivos que justifican el archivo, así como de la identidad del fiscal que ha realizado la investigación".

En cualquier caso, Baquerín ha dicho desear "que el archivo de las actuaciones no pueda llegar a suponer la consideración de que se puede utilizar el dinero de las subvenciones públicas de los grupos como a uno le venga en gana, porque al final esto va a ser una especie de 'tonto el último', que poco bien hace a la clase política y a la democracia".

La denuncia presentada por Baquerín recoge "una relación de hechos y documentos" referidos a la supuesta conducta delictiva de Gómez, Alburquerque y Aguilar por el mencionado "uso de las subvenciones económicas que los grupos municipal y provincial de Unión Cordobesa han percibido del Ayuntamiento y de la Diputación y que asciende, en total, a unos 140.000 euros aproximadamente".

Tales hechos, según se afirma en los fundamentos de derecho de la denuncia, "podrían encajar en la tipificación que dispone la legislación penal española relativa a los delitos de apropiación indebida, estafa, fraude y falsedad documental".

Baquerín, quien recordó en su momento que se vio obligado finalmente a denunciar los hechos para poder liberarse de cualquier responsabilidad propia en este asunto, lamentó que, "ni Gómez, ni Alburquerque, ni Aguilar hayan nunca accedido" a sus reiteradas solicitudes de justificación del gasto del dinero público que han manejado.