El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha subrayado que España llega a la fase final de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) en las "mejores condiciones", al tiempo que ha afirmado que el acuerdo definitivo podría producirse en julio "en el escenario más optimista".

"Estamos en muy buen situación para afrontar la fase final de la negociación", ha destacado en la rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio a su llegada de Bruselas, en la que se ha mostrado satisfecho por el acuerdo logrado sobre la reforma de la PAC, ya que recoge la práctica totalidad de los objetivos de negociación de España, acordados con las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial celebrada en junio de 2012.

Arias Cañete ha afirmado que dichos objetivos eran "muy difrentes" de la política del anterior Gobierno y que iban en una dirección "radicalmente contraria y nada favorable" a los intereses de España.

Asimismo, ha asegurado además que existe un marco financiero "razonable" para aplicar la PAC. "Desde el punto de vista presupuestario, está garantizado que hay recursos suficientes", ha afirmado Arias Cañete, quien ha subrayado que los agricultores mantendrá niveles "similares" de apoyo.

El ministro ha alabado el trabajo realizado por los parlamentarios españoles en Bruselas y la tarea desarrollada en la Comisión, con una "estratategia simultánea" que hado como resultado el acuerdo logrado anoche.

Según ha explicado, este acuerdo supone un mandato negociador para que la Presidencia irlandesa del Consejo inicie los trílogos con el Parlamento Europeo y la Comisión, con el objetivo de que aproximen sus posiciones para lograr una posición común en el Consejo del próximo mes de junio, y poder ser refrendado por el Parlamento Europeo en su sesión plenaria del mes de julio. Si se cumple el calendario previsto, será entonces cuando se alcance el acuerdo definitivo sobre la reforma de la PAC.

"Sabemos que todavía queda recorrido en la reforma, pero tenemos confianza en que vamos a ir cómodos y que se obtendrá un resultado positivo", ha señalado.

Arias Cañete ha explicado asimismo que lo que existe ahora es el marco jurídico de la PAC, cuya aplicación será ejecutada por el Gobierno de la nación o por cada comunidad autónoma en su territorio.

Aplicacion nacional de la pac.

En este sentido, el ministro se ha mostrado partidario de una aplicación nacional de la PAC, porque, en su opinión, todos los agricultores "deben jugar con las mismas reglas del juego". "Es mucha más fácil una aplicación unitaria (...), lo más cómodo para un ministro sería lavarse las manos, pero un Gobierno serio apuesta por establecer reglas de carácter nacional", ha dicho.

El acuerdo alcanzado comprende las propuestas de reglamento de ayudas directas, organización común de mercados, desarrollo rural, y el reglamento financiero y de gestión.

Por lo que se refiere a España y en relación con el reglamento de pagos directos, se ha conseguido limitar la superficie potencialmente elegible a la declarada en 2011, evitando la "dilución desproporcionada" de los importes unitarios de ayuda, que suponía la propuesta inicial de la Comisión, que hubiera supuesto la incorporación de 17 millones de hectáreas adicionales, dando lugar a una "fortísima reducción" de los importes de ayuda.

Por lo tanto, según el ministro, quedan salvaguardadas las ayudas que los agricultores y ganaderos vienen percibiendo. "Todos los que perciban ayudas las seguirán percibiendo", ha dicho.

También se ha eliminado la obligatoriedad de que haya un mismo importe de ayudas, o 'tasa plana', para los agricultores en 2019. En su lugar, se ha establecido que los productores que perciban menos del 90% de la ayuda media para su región, recuperen entre 2014 y 2019 una tercera parte de la diferencia entre ese 90% y su nivel actual de ayudas.

Asimismo, España ha conseguido que el porcentaje que supone este pago se calcule de manera individual para cada productor, y no a nivel nacional o regional, con lo que se evitará el efecto de 'tasa plana' y de redistribución de las ayudas, que tenía la propuesta de la Comisión.

En relación al componente verde, se han flexibilizado las condiciones que permitirán su cumplimiento. Para ello, se han introducido modificaciones para considerar a los cultivos permanentes extensivos, con menos de 250 árboles por hectárea (el 71% del olivar y el 60% en frutos secos) como superficies de interés ecológico para el cumplimiento de este requisito.

Sobre las ayudas acopladas (vinculadas a la producción), se ha conseguido aumentar hasta el 12% el porcentaje que los países pueden conceder directamente a sectores concretos. En el caso de España, dicho límite se sitúa en torno al 13,5%, ya que España ha mantenido ese porcentaje en el año 2011.

Por otra parte, Arias Cañete ha explicado los avances conseguidos para España en relación con el reglamento de la OCM única. Así, en lo que se refiere al vino, se ha logrado mantener hasta 2024 la limitación de producciones, con un nuevo sistema que entrará en vigor en 2019, con lo que se prorroga obligatoriamente el sistema actual de derechos de plantación hasta el 31 de diciembre de 2018.

El ministro ha precisado que el incremento anual de la superficie vitivinícola será del 1%, que se podrá reducir con criterios objetivos y no discriminatorios.

Con respecto al azúcar, y a pesar de que la propuesta inicial de la Comisión era la supresión total de la cuota en 2015, España ha logrado prorrogar dos años más el sistema actual que permite a remolacheros e industria poder afrontar mejor la futura liberalización del sector.

Al mismo tiempo, se ha conseguido mantener el reconocimiento obligatorio para las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, vino y leche, y voluntario para el resto de los sectores.

En este sentido, se ha incorporado la posibilidad de que las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas puedan presentar directamente programas operativos.

Por último, el ministro ha hecho hincapié en las inversiones en regadío. Según ha explicado, con el nuevo acuerdo se ha reducido al 10% el ahorro mínimo de agua necesario para obtener financiación procedente del Feader, en lugar del 25% que inicialmente estableció la Comisión.