El consejero de Administración Pública del Gobierno de Extremadura, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha apuntado que la filtración del examen de la llamada 'ESO de los 1.000 euros' "tiene trascendencia penal", además de "trascendencia administrativa".

El responsable autonómico ha calificado la filtración de estas pruebas como "hechos graves" y ha añadido que aunque un examen "no tiene calificación formal de secreto" sí ha aludido a su carácter como "reservado", por lo que se generan en torno a él una serie de deberes de "confidencialidad y de discreción".

"El único elemento diferenciador de este caso con respecto a otros es que está involucrado un diputado", ha apuntado Nevado-Batalla preguntado por el plazo de 48 horas dado por la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, al diputado socialista Antonio Gómez Yuste y al PSOE para que ponga a disposición del Ejecutivo regional la información que "tiene en su poder" sobre la filtración del examen, según manifestó ayer.

Así, el consejero de Administración Pública ha indicado que este diputado autonómico, que publicó en su perfil de una red social esta prueba, tiene el "deber de colaborar e indicar de dónde obtuvo esa información", además ha apuntado que este parlamentario también se "ha involucrado" en este asunto respecto a la divulgación de unos datos que tienen el carácter de "reservados" y "confidenciales".

De esta manera, ha abundado que al hacerlo a través de un medio público, una red social, se ha causado un "gravísimo perjuicio a la cosa pública". El consejero ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la ha presentado las novedades del Fondo Local de Cooperación Municipal.

En esta línea, y en respuesta al portavoz del PSOE en el Parlamento de Extremadura, Valentín García, quien este martes consideró las declaraciones de Teniente como amenazas, el consejero ha aseverado que "no es amenazar" sino a ajustarse al "Estado de Derecho".

"Que se haya filtrado un examen de la Administración no es una cuestión baladí, no es una cuestión para tratarla de manera superficial", ha asegurado, a lo que ha añadido que "colaborar con la Administración, el respetar la Administración no es una cuestión que beneficie al gobierno de turno o al partido político que sostiene a ese gobierno".

AFORAMIENTO

Sobre el carácter de aforado del diputado Gómez Yuste, Nevado-Batalla ha resaltado que el "aforamiento no es una inmunidad, no es un privilegio" sino simplemente una "protección cualificada", pero "obviamente no se genera un régimen diferenciado".

Pedro Tomás Nevado-Batalla ha recalcado que en este caso "una de las cosas esenciales" es que "formalmente" el diputado autonómico señale "de dónde procedía la información que él publicó en la red social a la que pertenece".

Así ha indicado que a partir de ahí, "con esos elementos fácticos", la Administración extremeña verá la "trascendencia jurídica" que pudiera tener estos hechos.

De esta manera, el consejero ha aseverado que, si "auténticamente se confirma esa trascendencia penal y que los hechos tanto a nivel de filtración como a nivel de divulgación pueden ser susceptibles de exigencia penal", pues "por supuesto" que se actuará "de acuerdo al procedimiento legalmente establecido y de acuerdo a la condición jurídica de la persona, en este caso, como se trata de un aforado pues se trataría su situación procesal como aforado"

Preguntado por si el diputado en cuestión no aportase la información que se le demanda, el consejero ha indicado que le "consta" su "responsabilidad" y "honorabilidad" y ha manifestado que cree que tanto él como el PSOE trasladarán las informaciones que "puedan ayudar a depurar este asunto".