La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado este miércoles que Andalucía planteará en la reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se realice un trabajo conjunto, que es más necesario que nunca, para fijar "cuáles son aquellas políticas que deben ser objetivo de Estado y que no se toquen" y llegar a un acuerdo de reparto de déficit una vez que queden claras esas políticas y esos objetivos y qué nivel de la administración tiene las competencias para llevarlas a cabo.

En declaraciones a los periodistas, Martínez Aguayo ha manifestado que no se trata de plantearlo como una "confrontación" en el que el Gobierno de la Nación se queda o no con un margen de flexibilidad, sino llevalo a un acuerdo de Estado que suponga decir que es fundamental que se mantengan las pensiones, las prestaciones por desempleo, prestar el servicio sanitario y la educación.

A partir de ese consenso, según ha señalado la consejera, hay que fijar los objetivos de déficit de cada parte para que "podamos entre todos mantener la cohesión social y contribuir a consolidar la economía y a la consolidación fiscal".

Ha insistido en que es un buen momento para hacer este tipo de trabajo y saber qué elementos de nuestras competencias son esenciales para la cohesión social y para la ciudadanía, y una vez que Europa acuerde el margen de déficit, hacer un reparto en base a esos compromisos y ese concepto común de lo que no debe ser modificado ni recortado ni disminuido porque es "consustancial para que nuestra ciudadanía tenga seguridad y confianza".

En cualquier caso, la consejera ha manifestado que en la reunión de este jueves del CPFF se va a dar cumplimiento razonablemente al acuerdo de la Conferencia de Presidentes de analizar el sistema de financiación autonómica en lo que es su aplicación, como ha pedido la Junta porque entiende que no se está aplicando correctamente, y al hablar sobre un nuevo reparto del déficit.

De otro lado, la consejera se ha referido a la instrucción interna que ha dictado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que establece un informe preceptivo del citado ministerio antes de firmar ningún convenio con comunidades autónomas que hayan incumplido el déficit.

Ha considerado que esa instrucción debe ser "revisada" porque no tiene "ningún sentido, por muy comprometidos que estemos todos con la consolidación fiscal, que eso venga a poner en riesgo programas tan importantes, como el de los trasplantes, o vengan a poner en cuestión cualquier otras prestación importante para que las comunidades presten sus servicios".

Asimismo, la consejera ha manifestado que el Gobierno central, sin duda, tiene que compensar a las comunidades que como la andaluza vieron anulados su impuesto a los depósitos bancarios tras la decisión del Ejecutivo de imponer un impuesto estatal a los depósitos con "tipo cero", "porque la Ley orgánica de financiación lo establece claramente".