La Fiscalía detectó estos abusos a raíz de una serie de inspecciones en residencias de ancianos. Durante las investigaciones, descubrieron que en muchas ocasiones estos poderes que puede otorgar el incapacitado a una tercera persona se cedieron justo antes del internamiento o de la petición de la demanda de incapacidad, de lo que se desprende que se hacía con el fin de disponer después de los bienes del perjudicado.
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Revocar los poderes otorgados
El escrito del fiscal jefe de Valencia recuerda a sus colegas la posibilidad que tienen de anular los poderes que una persona en plenas facultades haya otorgado a un tercero si pierde su capacidad intelectiva y es incapacitada legalmente. Además, se establece un protocolo en los procedimientos de incapacitación judicial: averiguar si hay poderes otorgados, suspenderlos cautelarmente y, si procediera, definitivamente.
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