La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha defendido que la actuación de la administración autonómica respecto a la posible retirada de concierto a centros educativos concertados se realiza "desde el sentido común" y atendiendo a "las circunstancias reales del proceso de escolarización que se están produciendo este año".

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha explicado que "cuando hay menos niños —en alusión al receso demográfico registrado— hay menos necesidad de unidades, y nadie pretenderá que esta situación afecte sólo a la escuela pública".

En cualquier caso, la responsable autonómica de Educación ha respondido al requerimiento de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) —cuyo secretario general en Andalucía, Rafael Caamaño, ya indicó a Europa Press que es conveniente llegar a una solución "pactada" por la "estabilidad" del sistema educativo— señalando que "el diálogo lo tenemos siempre abierto" y que, "por supuesto, no estamos hablando de ningún concierto, únicamente de los casos de la enseñanza segregada".

A este respecto, la asamblea de CECE-A ha mostrado su "preocupación" por el tratamiento por parte de la administración autonómica a la enseñanza concertada, así como el de la formación en general, "apoyando todas las medidas que fueran necesarias para reconducir la actual situación".

"La no renovación de unidades concertadas a centros que actualmente tienen listas de espera, como son los colegios de educación diferenciada; la disminución de unidades a otros centros que prestan el servicio a la población menos favorecida y que, por tanto, están más necesitados de recursos, así como la crispación generada por tantas declaraciones enfrentando las dos redes educativas sostenidas con fondos públicos no benefician en nada a los alumnos andaluces, que son el primer objetivo que se debe tener en cuenta tanto por la administración como por los colegios", ha precisado Caamaño.

Por ello, el secretario general de CECE-A alude a la conveniencia de llegar a una tesitura "en la que, por un lado, se respete la situación de los centros que tienen demanda y, por otro, se mantengan los recursos necesarios en aquellas aulas que, por su significada labor social, están necesitadas de medios materiales y humanos".