Cataluña es la comunidad autónoma con mayor presión fiscal en cuanto al impuesto sobre el patrimonio –pues su mínimo exento es de 500.000 euros frente a los 700.000 del resto del país-, en actos jurídicos y en IRPF, si bien el tipo máximo (56%) solo se aplica a las rendas realmente altas a diferencia de otras regiones.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio Panorama de la fiscalidad autonómica del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Colegios de Economistas, sobre la capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre determinados impuestos.

"Estamos muy preocupados porque estamos viendo muchos cambios de residencia por motivos fiscales", ha explicado esta jueves el presidente de la comisión de asesores fiscales del Colegio de Economistas de Cataluña, Nacho Cornet. La elevada fiscalidad de Cataluña no solo le resta atractivo para las empresas y profesionales extranjeros que planean instalarse aquí sino que además no incentiva la permanencia.

Es por ello que piden que se evite la competencia fiscal cuando es fruto de un sistema de financiación que "provoca distorsiones" entre comunidades receptoras y aportadoras netas de recursos. De hecho, el decano del Colegio, Joan B. Casas, ha considerado "cuestionable" que las primeras tengan competencias fiscales y ofrezcan ventajas fiscales que las aportadoras no pueden permitirse.

Sin embargo, Casas ha recordado que la rivalidad no es con Extremadura sino Madrid. "Deberíamos ver por qué puede ofrecer determinados beneficios fiscales", añadió. En este sentido, Cornet hizo referencia a una información publicada por un periódico en la que se afirmaba que Madrid recaudó el año pasado 28.000 millones de euros en IRPF y Cataluña, la mitad, pese a tener más habitantes.

Si bien Casas ha admitido que "no es tan fácil irse de un lado a otro", pues la ley obliga a residir al menos 183 días en una ciudad para beneficiarse de su fiscalidad, a medio plazo sí puede haber riesgo de competencia. Es por eso que el Colegio de Economistas de Cataluña ha pedido que se mantengan los beneficios fiscales del impuesto de sucesiones y que se reduzca el tipo de gravamen marginal del IRPF.

Por otro lado, el marco normativo es muy complejo y se modifica a menudo, lo que puede generar inseguridad jurídica, en opinión del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich.

Además, "los costos de gestión los impuestos autonómicos superan la recaudación", según denuncia el informe, ya que de media solo representan el 1,8% de los ingresos fiscales de las comunidades, salvo Cataluña (2,9%).