Deloitte Abogados, participante en la operación de compraventa del Racing de Satander, ha manifestado que "no estuvo" en las negociaciones entre Dumviro Ventures, que era su cliente, y el Gobierno de Cantabria, sino que "sólo" se encargó de la "formalización legal de los acuerdos".

Así lo ha afirmado durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación de Cantur en el Parlamento regional, el socio de Deloitte Abogados y participante en la operación asesorando a Dumviro, Javier Menor, que ha mantenido que las "conversaciones" con el Gobierno de Cantabria versaron sobre la "fórmula" del acuerdo-marco que se firmó en Zurich el 28 de enero de 2011 y en fijar "cómo se articulaba" entre las tres partes intervinientes: Cantur-Dumviro-WGA.

A preguntas del diputado y portavoz 'popular' en al Comisión, Íñigo Fernández, Menor no ha sabido precisar cuándo comenzó a hablar Deloitte Abogados con el Gobierno regional, si antes o después de que el 15 de enero de 2011, cuando WGA y Dumviro Ventures firmaron un "primer contrato".

Sin embargo, ha aclarado que la "eficacia" de ese primer documento suscrito entre esas partes dependía de una "premisa básica": que el Gobierno regional levantara la prenda sobre las acciones por parte del Gobierno de Cantabria.

En ese sentido, ha señalado que, sobre la pignoración de las acciones, "desconoce quién tomó esa decisión y "cómo se tomó".

Sí ha precisado que las relaciones Deloitte Abogados-Gobierno regional se canalizaron a través de una asesoría jurídica del Gobierno de Cantabria, si bien desconoce si esta dependía de Cantur o del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF).

También, ha explicado que, posteriormente, Deloitte mantuvo contactos con el gabinete de abogados que entró más tarde a asesorar al Ejecutivo autonómico en la operación: Gómez Acebo & Pombo.

Dudas de pp y psoe

En esta fase de la declaración y cuestionado insistentemente por el portavoz popular sobre la persona exacta de la asesoría jurídica del Gobierno de Cantabria con la que normalmente hablaba Deloitte, Menor sólo ha podido precisar que era una "mujer" y "funcionaria".

"El nombre exacto no me acuerdo", ha reconocido el abogado a Fernández, quien le ha reprochado que "el dato más relevante no lo tiene".

De hecho, en uno de los momentos más tensos de la comparecencia de Menor, Fernández ha llegado a afirmar que "no cree" al abogado cuado asegura que no se acuerda con quién hablaba de la asesoría jurídica del Gobierno.

"Es un abogado competente, por Dios. Dígame la verdad: que no me lo va a decir porque no me lo quiere decir, pero no me diga que no lo sabe", ha aseverado el diputado del PP, tras lo cual Menor le ha advertido que "no le gusta que duden de lo que dice".

Para Fernández, tras oír a Menor y al hilo de lo relatado en comparecencias previas, cabe deducir que esta funcionaria es María Eugenia Gómez, una funcionaria del ICAF que, según afirmó el martes el letrado de Gómez Acebo & Pombo Ángel Varela, era la interlocutora con dicho bufete durante la operación.

Precisamente, fuentes de la Comisión han revelado tras la conclusión de la jornada de este miércoles que el PP va a proponer que María Eugenia Gómez sea llamada a declarar en la Comisión, algo que se abordará el jueves en la reunión de la Mesa que se celebrará a las 10.45 horas, minutos antes de que arranquen las comparecencias previstas para mañana: la de exconsejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, y la del extitular de Cultura, Turismo y Deporte, Javier López Marcano.

Según estas mismas fuentes, se abordará la posibilidad de que esta declaración sea el 20 de marzo, el mismo día que comparecerán el entonces director del ICAF, Luis Egusquiza, y el ya exconsejero delegado de Sodercan Miguel Cabetas.

Fernández no ha sido el único que ha expresado sus dudas sobre la imparcialidad de Deloitte en su declaración. También el portavoz regionalista en la Comisión, Rafael Pérez Tezanos, ha apuntado que, a la vista de que había sido contratado por una de las partes de la operación (Dumviro), "empezaba a pensar" que el compareciente no iba a decir "nada" que pudiera perjudicar a Montalvo.

Ha dudado también de la utilidad de su declaración pues, dado que la participación de Deloitte se centraba en asesorar a su cliente, tampoco iba a poder contar "nada" que pudiese beneficiar a Cantur.

Ante esta afirmación, el abogado ha asegurado que acudía a la Comisión "con su mejor predisposición" de responder a las cuestiones que le plantearan y ha afirmado que no venía con la "arquitectura mental" de contestar lo que fuera favorable o no, sino simplemente contestar.

En otro momento de la intervención, el abogado ha mantenido que no ha realizado "ninguna omisión voluntaria" ni con "voluntad de ocultar".

Secreto profesional

Al margen de este asunto, el portavoz del PP, también ha cuestionado sin éxito a Menor acerca de si, como asesores de Dumviro Ventures, y por tanto de su propietario Jacobo Montalvo, se avisó de los riesgos de la operación a su cliente, se le recomendó que se incluyeran avales por el total de la compraventa u otro tipo de garantías para asegurar el cobro o si le instaron a encargar un informe sobre la solvencia de Ashan Ali Syed.

"Las conversaciones entre nosotros y mi cliente están amparadas por el secreto profesional", ha zanjado Menor.

Más allá de esto, en reiteradas ocasiones, se ha limitado a mantener que el contrato tenía unos mecanismos de garantía y a insistir en que la valoración acerca de si estos eran suficientes o no era algo que le corresponde decidir a Dumviro.

"Es objetivo que las garantías no funcionaron", ha aseverado el diputado del PP tras escucharle esta explicación.

Sin embargo, el letrado ha afirmado que, en lo que respecta al contrato de compraventa entre Dumviro Ventures y WGA, "la operación se realizó en términos legales oportunos", que es de lo que se ocupó Deloitte y no de cuestiones económicas, y ha subrayado que no ha existido "ningún tipo de perjuicio" para su cliente por esta cuestión.

El cobro

Durante su intervención, el abogado de Deloitte ha asegurado que su único cliente en la operación fue Dumviro. Ha explicado que durante su intervención en la operación, el presidente del Racing, Francisco Pernía, también estuvo presentes en algunas" reuniones, si bien las instrucciones las recibían de Montalvo.

Ha señalado que no ha cobrado "absolutamente nada" del Gobierno de Cantabria y ha explicado que, tras cerrar la operación, Deloitte recibió sus honorarios a través de un pago por cuenta de Dumviro que realizó WGA, algo que ha sorprendido a Fernández, que ha resaltado que la empresa que asesora al vendedor cobre del comprador.

Esto ha provocado el mayor momento de tensión ya que el abogado ha "discrepado" de la "forma y el fondo" de lo expuesto por Fernández porque, a su juicio, supone "poner en entredicho" o en "duda" la "ética profesional" de Deloitte, algo que a su entender "no es justo".

Críticas de psoe y prc al pp

En el turno de conclusiones, la portavoz socialista en la Comisión ha atribuido la actitud de Fernández a la "frustración por no haber oído lo que quería oír" del abogado de Deloitte.

Ha agradecido al letrado que haya hablado sobre hechos sin entrar en las valoraciones que, en su opinión, le ha planteado "reiteradamente" el PP.

El portavoz del PP ha reconocido que "le habría gustado, que hubiese dicho más" el letrado de Deloitte y ha centrado su conclusión en lo "dañina" de una operación que "benefició" a una parte y dejó "muy damnificada" a otra, entre otros al interés público, al no haber podido recuperar 5 de los 7 millones de euros de Cantur.

Por su parte, Pérez Tezanos también ha censurado la actuación de Fernández por realizar afirmaciones "para nada contrastadas" y que, a su juicio, pueden "inducir a los comparecientes a bastantes dudas".