La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha rechazado este miércoles la prestación económica vinculada al servicio, una fórmula conocida como el 'cheque en dependencia', al entender que "atenta contra el espíritu de la Ley y recorta garantías" a los usuarios, y pese a la "equiparación que se defiende desde algunos sectores y también desde el Gobierno de la Nación" ante el hecho de que esta prestación es similar a la de la concertación de plazas públicas para dependientes.

En el marco de la clausura del encuentro 'La Ley de Dependencia en la actual coyuntura de crisis económica: alternativas para la Economía Social', organizado por CEPES Andalucía, Montero ha opinado que con dicha fórmula "se daría un paso atrás y operaría el libre mercado", de forma que los ususarios se quedarían "sin garantías para hacer efectivos sus derechos".

Tras insistir que este otro modelo, "destruiría el propio espíritu de la Ley", la titular del ramo ha expresado su temor sobre que dicha equiparación, la de que cheque en dependencia y concertación de plazas son instrumentos similares, suponga un cambio en el actual modelo de Dependencia.

"El espíritu de la ley no era que las personas recibieran un cheque y que se buscaran la vida", ha reprochado Montero, quien ha hecho especial hincapié en que este modelo provocaría que las personas que no pudieran complementar la cuantía de dicho cheque para recibir el recurso necesario "se plantearan incluso renunciar al propio cheque".

"Con ello se atentaría contra la estabilidad de la concertación de plazas", de manera que "a aquellos más capaces de resistir el mercado les iría mejor, y otros que no tuvieran tanta capacidad de resistencia en el mercado tendría más dificultades", ha insistido.

Ha recordado, tal y como ya ha hecho recientemente en otros foros, que Andalucía está en mejores condiciones que otras comunidades para "aguantar envites" a la Ley de la Dependencia, ya que desde la Junta se avanzó "mucho más y a un mayor ritmo" en el desarrolla de esta norma estatal frente a otras zonas de España.

Del mismo modo, ha vuelto a quejarse que las comunidades tienen que cumplir un objetivo de déficit "con un esfuerzo cinco veces superior al que se reserva el Gobierno de España" y que Andalucía ha dejado de recibido "alrededor de 220 millones de euros" desde las modificaciones de la ley, "lo que supone un 20 por ciento del presupuesto total destinado a esta partida".

Modificaciones llevadas a cabo por el gobierno

Igualmente, ha criticado qie en este último año el Gobierno central ha realizado varias modificaciones en la ley, como la paralización de la dependencia moderada, "dejando a 40.000 andaluces fuera del sistema", o la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras y la rebaja de la ayuda que reciben por atender a sus familiares, "que ha afectado a más de 110.000, en su mayoría mujeres".

La consejera también ha asegurado que continuará con su intento por discutir el nivel mínimo, toda vez que, en relación a los recortes del Gobierno, Montero ha criticado que la comunidad, sin financiación adicional, "no tiene capacidad de compensar la menor financiación que viene por parte del Gobierno de España". En esta línea, ha recordado que frente a la financiación al 50 por ciento entre ambas administraciones que se pactó para poner en marcha la Ley, actualmente este porcentaje se ha descompensado y ahora la Junta asume el 70 por ciento, frente al 30 por ciento de la Administración estatal.