El bufete de abogados Gómez-Acebo & Pombo, que asesoró al Gobierno de Cantabria en la operación del Racing de Santander en la que el club pasó a manos del magnate indio Ali Syed, le recomendó que levantara la prenda sobre las acciones "siempre" que estuviera garantizado el pago del "importe global" en juego, 7 millones de euros de dinero público, si bien el aval finalmente se hizo por 1,5.

Así lo ha afirmado este martes ante la Comisión de Investigación de Cantur que se está llevando a cabo en el Parlamento de Cantabria el representante legal y socio de dicho bufete Ángel Varela, quien ha explicado que el acuerdo-marco que se firmó en Zurich (Suiza) "no se parecía en muchos aspectos" a la propuesta que elaboró su despacho, sino que el suscrito "se parecía más" a la alternativa presentado por los compradores, WGA.

Según ha explicado, el despacho Gómez Acebo & Pombo advirtió al Gobierno de Cantabria de lo que podía suponer levantar una garantía, —que se pierde—, y ha explicado que, a partir de ahí, se trata de una "valoración de riesgos" de quien debe tomar la decisión, es decir del Ejecutivo regional.

"En la valoración del intercambio de garantías nosotros no entramos", ha aclarado Varela.

Sin embargo, ha aclarado que el bufete fue contratado por el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), dependiente del Gobierno regional, para elaborar una propuesta de la "estructura" del acuerdo-marco que se iba a firmar en Zurich pero no participó en la anterior ni posterior negociación entre el Ejecutivo y WGA, la empresa de Ali Syed.

Dada esta circunstancia, el abogado de Gómez-Acebo & Pombo ha añadido que "tampoco conoce" si aceptar el levantamiento de la prenda era "la única opción posible".

Varela ha insistido en que la decisión de levantar la garantía sobre las acciones tras esta negociación no fue del bufete, sino del Gobierno de Cantabria, que fue el que lo ordenó. "Yo soy asesor, no tomo decisiones", ha reiterado.

La opción de compra

También ha asegurado desconocer los motivos por los que no se elevó a escritura pública toda la operación entre el Gobierno de Cantabria y WGA, tal y como recomendó también Gómez-Acebo & Pombo, sino sólo la renuncia a la prenda, pero no los otros contratos que se firmaron en torno a la misma, como el referente a la opción de compra a favor del Ejecutivo regional en caso de incumplimiento por la empresa de Syed.

Varela ha reconocido que "no es lo habitual" que en una operación de esas características sólo se eleve a escritura pública una parte y no la totalidad y ha señalado que el hecho de que un notario hubiese dado fe de todo lo pactado se habrían podido "minorar", que no evitar, los "aspectos negativos" que se están produciendo.

"Habrá que ver los motivos", ha apuntado este abogado, que ha indicado que el hecho de que lo relativo a la opción de compra no se elevase a escritura pública ha hecho que ésta se convierta en una alternativa de "difícil ejecución".

Sin embargo, ha destacado que la opción de compra ha sido la única de la cautelas fijadas en el acuerdo marco firmado entre Gobierno-WGA para el caso de incumplimiento que no se ha ejercido por parte del Gobierno de Cantabria.

En cambio, ha señalado que el resto de acciones sí se han ejecutado, algunas todavía con el anterior Ejecutivo regional (PRC-PSOE) y otras con ya con el actual (PP).

Entre ellas, Varela ha enumerado la ejecución del aval de 1,5 millones; los requerimientos de pago a WGA; la solicitud de medidas cautelares y el arbitraje ante el órgano acordado en el acuerdo marco firmado en caso de conflicto: la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

ARBITRAJE

De hecho, el abogado ha detallado que este proceso de arbitraje es, en estos momentos, el único asunto relacionado con el Racing de Santander en el que el bufete está asesorando actualmente al Ejecutivo regional.

Con esta última vía, ha explicado que se persigue, o bien que el Gobierno de Cantabria "cobre todo lo que pueda" del montante que le adeuda WGA o, "si no se puede", hacer retrotraer la situación accionarial del club cántabro a la que había antes de que se ejecutara la operación con Ali Syed.

Respecto a la primera opción existente, ha advertido de que primero habría que encontrar "bienes suficientes" en WGA para poder cobrar vía embargo, algo que ha dudado pues, según ha apuntado, "no ha visto" que la empresa de Ali Syed "tenga activos concretos".

Además, y aludiendo a las dificultades añadidas por el hecho de que WGA no es una empresa radicada en España, ha reconocido que, por su complejidad, se trata de "un trámite judicial maldito".

En este sentido, y en contra de lo mantenido por el PRC, el abogado ha defendido que "se ha tomado la mejor decisión en base de las alternativas posibles" para intentar recuperar el dinero público en juego.

Ha insistido en que las acciones que se han ejercido son las que marcaba el acuerdo marco firmado en Zurich que no son, según ha reconocido, las que él "quiso escribir".

"hicimos todo lo que pudimos"

Ante las dudas planteadas por el regionalista Rafael Pérez Tezanos acerca de si el bufete de abogados hizo todo lo que estaba en sus manos para evitar lo ocurrido, el compareciente ha asegurado que Gómez-Acebo & Pombo hizo "todo lo que pudo".

Según ha señalado, el bufete dio su "opinión" sobre la "estructura" que debía tener el contrato entre el Gobierno de Cantabria y WGA, que, sin embargo, "no fue coincidente" con lo que se firmó finalmente.

En este sentido, ha asegurado que, a la vista de lo ocurrido con la operación, el bufete se siente "muy mal" de que no se hayan conseguido los intereses que se perseguían.

En su comparecencia ante la Comisión, ha sido cuestionado por la no participación de Gobierno de Cantabria en el procedimiento judicial iniciado por el expropietario del Racing de Santander y dueño de Dumviro Ventures, Jacobo Montalvo, en el juzgado de Instrucción Número 55 de Madrid, contra la empresa WGA para recuperar las acciones vendidas a Ali Syed.

En ese sentido, ha señalado que allí lo que se está ejecutando es un demanda de Dumviro a WGA en base a un contrato del que el Gobierno de Cantabria "no es parte". "En el contrato de compraventa no es parte Cantur", ha sostenido el abogado, quien ha explicado que en el mismo sólo están implicados la empresa WGA y Dumviro.

Ha señalado que Cantur intervino en la operación del Racing en lo que respecta a levantar la pignoración de las acciones para permitir la compraventa.

El encargo, 10

Días antes de la firma

En la comparecencia, Varela ha relatado también que "cree" que fue el director general del ICAF, Luis Egusquiza, quien realizó el encargo al bufete, aunque la persona de contacto durante la operación fue Matilde Gómez, de la asesoría jurídica del Instituto.

Según su versión, el bufete entró en la operación del Racing el 19 de enero de 2011, diez días antes de que se produjera la firma del contrato, algo sobre lo que ha llamado la atención el diputado 'popular' Íñigo Fernández, quien ha remarcado que en octubre de 2010 el Gobierno regional "ya sabía" por Credit Suisse que había un comprador.

De hecho, Varela ha señalado que el bufete tuvo "un día y una noche" para elaborar su propuesta.

Además, ha explicado que en la reunión de Zurich del 28 de enero de 2011 "no se negoció nada" pues ya quedó "absolutamente cerrado" todo en los días anteriores.

Tras escuchar al abogado, la oposición ha defendido la actuación del anterior Gobierno de Cantabria y ha dudado de que el actual haya hecho todo lo que podía, postura que ha rechazado el PP, quien ha opinado que el Ejecutivo regional del PP "no ha incurrido en dejación de funciones, sino más bien todo lo contrario". "Yo a veces me pregunto si estamos en el mismo sitio escuchando las mismas cosas", ha afirmado, dirigiéndose a la oposición.