El Tribunal de Cuentas tiene previsto remitir en mayo al Parlamento su próximo informe sobre la contabilidad anual de los partidos políticos y sus fundaciones, correspondiente al año 2008, según se informó Europa Press en fuentes de la institución.

El último informe sobre la contabilidad ordinaria de los partidos políticos, relativo al ejercicio 2007, salió de la institución a finales de marzo de 2012. Fue el primer examen en que se aplicaban las modificaciones introducidas aquel año en la ley de financiación de las formaciones políticas.

La institución siempre ha padecido un cierto desfase entre el ejercicio fiscalizado y el año de aprobación del informe, que a lo largo de las últimas décadas ha venido oscilando entre tres y cinco años. Ello se debe a que la legislación establece unos plazos para que los partidos presenten sus cuentas, que no siempre cumplen, y luego hay que analizarlas y, antes de aprobar el informe, se permite a las formaciones presentar alegaciones.

Además, el Tribunal de Cuentas ha de dar prioridad a sus informes sobre las campañas electorales, donde su trabajo sí está 'más o menos' al día y el desfase sólo es de algo más de un año. Así, el informe sobre las elecciones locales de mayo de 2011 se presentó en septiembre de 2012 y el de las generales de noviembre de 2011 llegó a las Cortes en enero de este año.

Precisamente, el presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, tiene previsto comparecer el próximo martes ante la Comisión Mixta, que se reunirá en el Senado, para, entre otros asuntos, presentar el informe de fiscalización de la contabilidad de las últimas elecciones generales.

Y los partidos políticos no son los únicos sujetos a los que fiscaliza pues la institución está obligada a examinar anualmente la Cuenta General del Estado y buena parte de los gastos y contratos públicos de la Administración, más los encargos que le hace el Parlamento.

Reforzar la plantilla

En la institución fiscalizadora admiten que la demora de sus informes anuales sobre la contabilidad ordinaria de los partidos políticos ha llegado a un punto que exigía reforzar la plantilla y los medios disponibles.

En respuesta al PP, el presidente del Tribunal de Cuentas ha elogiado la última reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, aprobada el pasado diciembre y que entre otras cosas obliga a los partidos y sus fundaciones a publicar sus cuentas y sus deudas. A su juicio, facilitará la labor de fiscalización y permitirá sortear la negativa del Banco de España a informar de los créditos de los partidos con entidades financieras.

La aplicación de la reforma de 2007, según el tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda, va a ayudar a agilizar los trabajos pues homologa la información contable que se requiere y además impulsa el uso de las posibilidades telemáticas para que los partidos políticos presenten sus cuentas a la institución en tiempo y forma.

Según los planes de la institución, el próximo informe de las cuentas anuales de los partidos, relativo a 2008 llegará a las Cortes en mayo y, antes de que acabe el presente año, se espera haber enviado al Parlamento otros tres informes (2009, 2010 y 2011), entre octubre y noviembre.

OBJETIVO:

Reducir el desfase a dos años

La idea es ponerse al día y eso pasa por remitir al Parlamento el examen de las cuentas de entre 18 y 24 meses antes; es decir, aprobar a finales de 2013 el ejercicio 2011, en 2014 las cuentas de 2012 y así sucesivamente.

La consecución de ese objetivo es prioritario y si el Tribunal de Cuentas no viera posible cumplir con este calendario, volvería a reforzar las dotaciones y medios de sus equipos de fiscalización.

En la institución son conscientes de la percepción negativa que tiene la financiación de los partidos políticos y de la imagen de cierto "descontrol" de sus cuentas. Las propias formaciones políticas, como ha hecho el PP tras el 'caso Bárcenas', no buscan reforzar el Tribunal de Cuentas cuando ven su contabilidad en entredicho, sino que directamente apelan a auditorías externas que, para colmo, no pueden hacer una labor reservada a la institución estatal.