La exconsejera de Cultura y de Administraciones Públicas en el Gobierno socialista del Principado, y exportavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya, no ha reconocido este viernes su firma en escritos de expedientes de servicios supuestamente cobrados pero no realizados. También se ha desvinculado de los presuntos casos de contrataciones irregulares de personal, y se ha considerado "víctima" de un proceso en el que se han "alterado y falsificado" documentos con su rúbrica.

Así lo ha señalado a los medios antes y después de declarar ante el juez Sorando en el marco del proceso judicial por el 'Caso Marea', que investiga una red de supuestas contrataciones ilegales, de servicios y personal, entre empresas y la Administración autonómica. En la jornada de este viernes, también ha declarado el exdirector general de Promoción Cultural y Politica Lingüística, Carlos Madera, y el responsable de la empresa Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, aunque este último no ha respondido a ninguna pregunta. Todos ellos lo han hecho en calidad de imputados.

"tranquila y confiada en la justicia"

La consejera se ha mostrado "tranquila" y "confiada" en la justicia tras realizar su declaración. Ha explicado que se le han presentado diversos documentos en los que supuestamente aparecería su firma, relacionados con el pago de servicios no realizados a terceros. La exconsejera ha señalado que "se trata de fotocopias", y por tanto, puntualizó que "si bien la grafía es mía, yo no puedo saber si estampé esa firma en ese documento, a la vista de toda la mecánica de falsificación que la funcionaria hizo en este caso".

Migoya se ha referido en estos términos Marta Renedo, principal imputada en este asunto, a la que ha acusado de "alterar y falsificar" documentos con su firma, motivo por el que se siente una "víctima absoluta" de este proceso. En este punto, su abogado, Mario Gómez Marcos, ha explicado que cada resolución de Consejería, Secretaría Técnica o Dirección General hallada en el registro del despacho de Renedo "son fotocopias, no existen los originales, y en el caso de las resoluciones de la consejera, cada documento válido tiene su correspondiente falso, y cada uno no se parece al otro".

La exconsejera ha respondido a todas las preguntas que se le han realizado, ha recalcado que durante su etapa de gestión actuó siempre "al dictado de los técnicos". "Cuando conocí alguna irregularidad la denuncié inmediatamente", ha incidido. "Actué con absoluta contundencia, la denuncié (a Marta Renedo) a la Fiscalía y a la Policía, la cesé como jefa de Servicio y le abrimos un expediente por el que perdió su plaza de funcionaria", ha remachado.

Preguntada por si no desconfió de Renedo hasta llegado ese momento, dado que la también exconsejera de Cultura, Encarnación Rodríguez Cañas, sí lo hizo, Migoya considera que se trataba de una jefa de Servicio entre otras 12 que tenía en la Consejería de Cultura, y otras 25 en la de Administraciones Públicas después. "A muchos ni siquiera los identifico físicamente a día de hoy", ha explicado.

Ha negado también que conociera las declaraciones de personal de forma irregular, a través de empresas como Asac, en forma de supuestos favores que serían compensados con adjudicaciones y pagos de servicio no realizados. "Se hicieron de manera fraudulenta, por lo que ni el secretario técnico ni ningún funcionario lo podía saber", ha señalado, para dejar claro que "si lo hubiese conocido habría actuado también con contundencia".

El abogado ha manifestado su malestar por el "juicio social" que se le está haciendo a su defendida y ha explicado que la situación de imputada es "una garantía procesal", muy lejana de ser culpable o de estar condenada. "A Migoya se le está sometiendo a un juicio social muy duro", añade.

Desimputarla o llamar a nuevos testigos

El abogado de Avall (Asociación de Vecinos de Llanes), Esteban Aparicio, se ha mostrado favorable a la "desimputación" de la exconsejera, porque ha respondido a todas las preguntas de "forma satisfactoria". Cree que el caso de Migoaya es "de responsabilidad política, pero no penal".

En el caso de Madera, Aparicio entiende que "aún quedan flecos" por despejar, entre los que estaría la supuesta contratación fraudulenta de una familiar, que sería su cuñada. El abogado también ha explicado que se observan desvíos de hasta el 50% de la cuantía en diferentes contrataciones y subcontrataciones de servicios. Uno de ellos fue el equipamiento para el parque infantil del Museo del Jurásico (MUJA), que fue contratado a Igrafo a 193.000 euros y subcontratado por esta empresa a otra por 93.000.

Conclusiones diferentes ha sacado el abogado de Bloque por Asturies, Alberto Suárez, quien ha recalcado que de las declaraciones de Migoya y Madera ha trascendido que dos de las personas contratadas supuestamente de forma irregular a través de terceras empresas fueron la mencionada cuñada del exdirector general y la hermana del responsable del Gabinete de prensa de la exconsejera.

"Resulta mucha casualidad que todas las personas contratadas y cedidas después ilegalmente al Principado tengan relación y vínculos familiares con personas que hoy están imputadas, o con el entorno de estas personas que están imputadas", ha señalado el letrado, tras anunciar que llamará a declarar al señalado responsable de prensa. Desde su punto de vista, de la declaración de la anterior consejera "lo que se deduce es que firmaba todo lo que se le ponía por delante".