La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, ha afirmado que su partido reclamará en el Parlamento de Andalucía el pago de la deuda de "casi un millón de euros que la Junta mantiene con los peritos y tasadores judiciales andaluces".

Martínez, que ha participado este viernes en la entrega de los Premios Adriano de la Asociación de Peritos Judiciales y Tasadores de Andalucía, ha destacado "el trabajo fundamental que realiza este colectivo, cuyos informes judiciales son indispensables para el desarrollo normal de la jurisdicción penal".

Así, ha señalado que la situación de estos profesionales es "un indicador muy sensible de la situación de la justicia en Andalucía, con más de 597.000 asuntos pendientes, de los que casi 150.000 están en Sevilla". En esta línea, ha agregado que las ejecutorías pendientes en los últimos cuatro años "han aumentado en Andalucía un 60 por ciento, llegando hasta los 460.000, de las que 97.000 corresponden a Sevilla".

Como dato para comprobar la "situación insostenible" de la justicia de la comunidad, la dirigente popular ha dicho que durante el tercer trimestre de 2012 se han ido acumulando 139 asuntos al día en los juzgados andaluces. Por eso ha considerado que mejorar esta realidad "es una necesidad y un compromiso de todas las administraciones, por lo que se debe imponer el uso racional de los recursos destinados a los servicios públicos".

Martínez también ha defendido la Ley de Tasas Judiciales y la Ley de Justicia Gratuita, que "viene a resolver el colapso de la Justicia provocado por un crecimiento desmesurado en el acceso a los procedimientos judiciales". Ha explicado que "la nueva Ley de Asistencia gratuita amplía y garantiza el acceso a este derecho a las personas con dificultades y a los casos más graves, al tiempo que actualiza una ley de 1996 para adaptarla a la realidad social".

Por último, se ha referido a "la falta de ejecución del Plan de Infraestructuras Judiciales y las promesas incumplidas de las ciudades de la Justicia en Andalucía como muestra de la parálisis del gobierno andaluz en materia de Justicia".