CAC-Asprocon apuesta por sacar a exposición el PGO e introducir cambios consensuados en vez de empezar de cero

Creen que cualquier expediente que se paralice es "dar la puntilla" y alerta sobre la afectación sobre el empleo

Constructores y promotores han alertado este viernes de las consecuencias negativas para el sector y sobre el empleo de la anulación judicial del Plan General de Ordenación (PGO) y han apostado por volver a sacar a exposición pública el documento, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), y aprovechar la fase de alegaciones para introducir los cambios que se consideren, pero siempre consensuados entre los grupos políticos para dar una seguridad jurídica a medio y largo plazo.

Así lo han indicado los vicepresidentes de CAC-Asprocon, Jesus Rimada y Manuel Pastor, y José Luis Fernández Avello, en representación del grupo de promotores, durante la rueda de prensa ofrecida en la sede de la patronal. La organización se había reunido previamente con representantes del Gobierno Local, encabezados por la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), como también lo ha hecho en días anteriores con el resto de fuerzas políticas del Ayuntamiento.

En este sentido, Pastor ha llamado a la responsabilidad de la Corporación gijonesa y les ha trasladado que tienen la oportunidad de demostrar "su sentido de Estado por encima de intereses partidarios consensuando una decisión que no paralice la ciudad", ha resaltado, antes de recalcar el hecho de que Foro gobierna en minoría y necesita de apoyos para hacer cualquier cambio en la norma urbanística.

Avello, por su parte, ha incidido en que no se pueden basarse los cambios que quiera introducir el Gobierno Local en lo que pueda costar en cuanto a supuestos derechos indemnizatorios. Algo que ha confiado no sea así tras la conversación mantenida con la concejala de Urbanismo, Lucía García.

Asimismo, ha considerado la situación de "enorme gravedad", ya que el Plan Rañada, en el que habría que basarse, está "prácticamente acabado" y llevaría a la paralización del sector salvo algunos ámbitos ya en desarrollo, como pueda ser Nuevo Roces. Además, deja un "enorme vacío" al permitirse continuar a proyectos contemplados en ese Plan de 1999 y no en los del PGO de 2011.

Por todo, ha visto conveniente buscar una solución para que no se pare el sector, se dé seguridad a los ciudadanos y se minimice el impacto para las arcas municipales. "Estamos en una absoluta orfandad de norma urbanística", ha apuntado, al tiempo que ha mostrado su preocupación por la "confrontación" entre grupos políticos a causa de la anulación del PGO y las posibles indemnizaciones.

Que no haya dos bandos

Más si se tiene en cuenta que la aprobación del nuevo PGO no estaría lista en esta Legislatura, lo que les lleva a reclamar un consenso para tener garantía de que no habrá modificaciones si se produce un cambio de Gobierno. "Confío en que no haya dos bandos", ha remarcado sobre la iniciativa municipal.

Ha alertado que de paralizarse el sector, las consecuencias para el empleo serán "todas". Como ejemplo, ha indicado que de unos 33.000 trabajadores del sector en la región -registrados por convenio— en 2008, se ha pasado a 11.000 en la actualidad, a lo que se suma el cierre de empresas de bienes y servicios y de equipos por la caída de la construcción.

"La responsabilidad del Ayuntamiento es mayúscula", ha asegurado, antes de recalcar que estamos ante una situación "muchísimo peor" que cuando se anuló el otro PGO en 2009. Unido a ello, Rimada ha abogado por utilizar el camino más corto para sacar a la ciudad de esta indefinición y poder contar con un PGO que dé seguridad por diez o 15 años.

"El PGO afecta a toda la ciudad", ha recalcado Pastor, quien ha puesto de ejemplo el del propietario de suelo que haya comprado la finca para hacer una cosa y ahora le cambien la calificación a no urbanizable. "Va más allá de los constructores y es que ahora lo que está en juego es el interés de la ciudad", ha trasladado.

En esta línea, Avello ha pedido altura de miras y no circunscribir el nuevo documento a las necesidades actuales. Lo peor que pueda pasar, para él, es que no haya Plan, por lo que ha dicho no preocuparle el contenido de los seis recursos ante el TSJA pendientes de resolución. "Es el peor de los escenarios pero a la vez el mejor", ha dicho sobre esta sentencia.

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