Los detectives privados defienden su papel investigador como "herramienta" de lucha contra la corrupción y el fraude, de manera que entienden que la experiencia que en este campo ya se da en el sector privado se puede trasladar al público y aportar luz sobre determinados casos.

La presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (Apdpe), Eva Grueso, considera que en el ámbito privado se han dado resultados "extraordinarios" en casos de investigación en fraudes y entiende que esta misma labor investigadora podría llevarse a cabo en el ámbito público en colaboración con las administraciones.

Éste es uno de los asuntos que se han abordado en el XII Congreso Internacional que la asociación celebra en Cáceres bajo el lema 'Detectives privados, garantía contra el fraude y por la transparencia' con la asistencia de unos 120 investigadores privados de España y de diversos puntos de Europa.

En declaraciones a Europa Press, Grueso ha explicado que en los últimos años han aumentado considerablemente los encargos relacionados con cuestiones económicas o fraudes de empresas, además de crecer las peticiones para verificar la legitimidad en la concesión de subvenciones o contratos públicos por parte de la administración.

"Es una prueba que nosotros podemos aportar porque se trata de verificar que la documentación que se presenta es la correcta", apunta la presidenta de los detectives privados españoles que aclara que "en muchas ocasiones, la administración no tiene el control que los detectives pueden ofrecer".

Según este colectivo "muchos casos importantes" que salen a la luz en los medios de comunicación sobre distintos asuntos tienen detrás una labor investigadora privada que a veces no se puede dar a conocer, y en el reciente caso de la agencia Método 3, sobre las presuntas escuchas a políticos en Cataluña considera que "el problema ha estado en la imagen que la prensa ha dado de ellos sin tener conocimiento de todos los hechos", subraya.

"Los detectives, en principio, no han hecho nada malo y en cualquier caso, ahora lo decidirán los jueces", recalca Eva Grueso.

Aclarar las reglas del juego

Precisamente en una de las mesas de trabajo del congreso uno de los invitados ha sido el magistrado del Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres, Rafael Estévez, que ha abogado por buscar "puntos de encuentro" entre ambos colectivos para "ofrecer a la ciudadanía una Justicia de calidad y que responda a las exigencias de un país democrático".

El magistrado ha incidido en que "hay que dejar muy claro las reglas del juego" a la hora de llevar a cabo una investigación privada porque a veces por "desconocimiento" o "por querer ir más allá de los debido", el trabajo "puede ir al traste". "Hay que saber si se pueden poner micrófonos en los floreros o si los floreros son para poner flores", ironiza Estévez.

No obstante considera que si una persona ofendida por un delito quiere recabar pruebas para que ese delito no quede impune "no debería haber mayor obstáculo legal para que lo hiciera", siempre "en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado", matiza, ya que "la colaboración es altamente positiva".

En parecidos términos se ha pronunciado la exministra socialista y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura María Antonio Trujillo quien en su intervención ha defendido la posibilidad de que las Administraciones Públicas utilicen los servicios de detectives privados en colaboración con las diferentes policías para investigar determinados casos de corrupción y "apostar por la transparencia".

"desenmascarar la corrupción"

Trujillo ha recordado que la de detective privado es una profesión regulada que ya colabora con la Administración de Justicia en la aportación de pruebas, pero va más allá y señala que "tienen que ayudar a desenmascarar la corrupción".

"En la investigación privada hay personal que tiene mucha experiencia y no es el momento de esconder a los detectives, sino que colaboren en aportar transparencia", incide, al tiempo que justifica que "como en cualquier profesión pueden cometer algún presunto delito" pero también "pueden hacer una gran labor", según Trujillo.

Estas y otras cuestiones se están debatiendo en el congreso que tiene lugar en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres donde también se ha abordado la importancia de emplear medios tecnológicos en las investigaciones o se han repasado los criterios jurídicos que deben regir un trabajo, como es la razonabilidad, la necesidad o el interés legítimo del cliente.

Como dato, cabe destacar que el 95 por ciento de los informes realizados por estos profesionales acaban como prueba en un proceso judicial, lo que ha sido calificado por la Apdpe como "un éxito considerable".

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