En octubre de 2004, Miguel Florencio (el rector) nombró a la profesora titular María Isabel Martínez como directora provisional del Departamento de Derecho Penal y Procesal tras la jubilación de Julio García Casas.
Todo iba bien hasta que tres profesores interpusieron un recurso por considerar que el cargo se había asignado sin el procedimiento legalmente establecido. «El curso normal (dice la sentencia) es que el director del departamento sea elegido por los integrantes del consejo de departamento y nombrado por el rector. Si no puede ser, el consejo de gobierno, oído al del departamento», decide.