El portavoz de Función Pública del PP-A, Rafael Ruiz Cantos, ha criticado este martes la existencia de un "acuerdo fantasma" del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2000 que "nadie ha visto" porque no se publicó en el orden del día de dicha reunión pero que, según ha afirmado, está permitiendo que altos cargos de la Junta de Andalucía estén recibiendo gratificaciones de unos 1.600 euros de media para un alquiler.

En rueda de prensa, el 'popular' ha señalado que este decreto de firmó hace ya 13 años, estando ya el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en el Gobierno andaluz de Manuel Chaves y que, pese a las insistentes preguntas del PP-A por este "acuerdo fantasma", la Administración autonómica solo ha ido facilitando información "muy escueta y a cuentagotas".

Entre ella, ha obtenido la de dos consejerías (que no ha especificado) y que le permiten afirmar, según sus cálculos, que en la actualidad hay un total de 38 altos cargos que "perciben una cantidad media de 1.600 euros mensuales para el alquiler de una vivienda". "Pero no sabemos ni sus nombres, ni los cargos que ocupan en la Administración ni lo que cobran", se ha quejado Ruiz Cantos tras advertir de que, mientras "gratifica" de este modo a sus altos cargos, "sigue ejecutando desahucios" en la comunidad.

Ante ello, ha exigido "transparencia y claridad" a la Junta, también en lo que respecta a las retribuciones de los altos cargos de la Administración andaluza. De lo contrario, según ha advertido, la "falta de información, la opacidad y el oscurantismo seguirán siendo la bandera del bipartito".

Los andaluces pagan los "desmanes" de la junta

De otro lado, aunque relacionada con esta "falta de transparencia" que aduce el PP-A, Ruiz Cantos también ha lamentado que los "últimos varapalos judiciales" a la Junta tengan como consecuencia que los andaluces "tengamos que pagar otra vez sus desmanes".

Se refería así al hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya declarado nulo el decreto de la Junta de junio de 2011 por el que el Gobierno regional convirtió en agencias administrativas seis entidades que hasta la fecha dependían directamente de él, entre ellas el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el Instituto Andaluz de la Juventud y el Instituto de la Mujer.

Tras esta sentencia, el PP-A supone que "la Junta recurrirá y nos llevará otra vez a pagar a los andaluces sus desmanes", lo que, según Ruiz Cantos, es "otra de las barbaridades del bipartito" con los que, además, "no dan ejemplo a los andaluces".