El Consejo de Gobierno de Extremadura ha aprobado un decreto por el que se modifica otro anterior mediante el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la comunidad.

El objetivo de la modificación es doble, ya que por un lado regula un nuevo procedimiento de la minoración de la renta por un periodo máximo de dos años, y por otro, incorpora la potestad de elección por parte de los ayuntamientos del sistema de adjudicación de viviendas de promoción pública, independientemente de la ubicación de las mismas.

Se trata de una medida de carácter "excepcional y temporal", con la que se pretende normalizar el parque público de viviendas y realizar la política social "más eficaz posible".

Para ello se profundiza en las medidas de apoyo y, en concreto, se reconoce el esfuerzo de aquellas unidades familiares que, a pesar de las dificultades económicas, han sabido valorar la vivienda que ocupan en régimen de alquiler como prioritario para su proyecto de familia, según ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico de este martes la vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente.

Podrán acogerse a esta medida todas aquellas unidades familiares titulares de un contrato de alquiler con el Gobierno de Extremadura que hayan visto alterados "significativamente" sus ingresos como consecuencia de la crisis económica y financiera en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud. Además, el pago del alquiler debe suponer un esfuerzo económico para la unidad familiar superior al 10 por ciento de sus ingresos netos anuales.

De igual modo, el inquilino tendrá que acreditar que él y su unidad familiar continúa cumpliendo los requisitos que en su día le dieron el derecho de ser adjudicatarios de una vivienda de promoción pública y que la ocupa como domicilio habitual y permanente.

TRAMITACIÓN

Así, todas las personas que deseen acogerse a esta medida deberán acudir al Servicio de Viviendas de Promoción Pública de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, donde deberán entregar el modelo de solicitud de suspensión de la facturación, junto al resto de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.

El plazo máximo de resolución y notificación será de tres meses desde la presentación de la solicitud, y podrá el solicitante considerar desestimada su pretensión si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído resolución expresa sobre la misma.