El jefe de sección de Suministros de Centros Docentes de la Consejería de Educación, José Antonio González Ramos, ha afirmado este martes que su departamento no intervenía en los contratos menores ni en los relativos al sistema de homologación del Principado. Estos contratos no llegaban al servicio de Contratación. "Las propuestas se tramitaban directamente en la dirección general de Planificación", ha manifestado.

Ramos ha comparecido en la comisión de investigación del caso 'Marea' de la Junta General del Principado de Asturias que se ocupa de el presunto caso de una trama ilegal en la contratación pública asturiana durante la última administración socialista, que mantiene como imputados, entre otros, al exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, o la exdirectora general de Planificación, María Jesús Otero.

Según ha señalado el jefe de Suministros, su papel se limitaba a tramitar las propuestas que le pasaban desde la dirección general de Planificación. Además, ha dicho que el consejero, es "el máximo órgano de contratación" y debería conocer los contratos. "No sé si los conocía, pero debería conocerlo", ha indicado.

En cualquier caso ha insistido en que los contratos gestionados por el servicio e Contratación "cumplen todos los requisitos legales" y que si les llega una propuesta que no es correcta la devuelven.

A preguntas del PP, Ramos ha dicho que conoce que una de las empresas cuyo responsable está imputado, Almacenes Pumarín, ha pasado a denominarse Basai Concept, y que se ha presentado a un concurso para la contratación de suministros en el Principado. "Se admitió porque nadie nos dijo que estuviese inhabilitada", ha manifestado. No obstante, ha añadido que entiende que no se les va a adjudicar el contrato.

Preguntado por el PSOE, Ramos que ha nombrado a los dos interventores delegados del Principado, encargados de hacer controlar un determinado volumen de contratos de Educación. Ahora ese cargo lo ocupa Isabel Uría, mientras que antes el interventor era Luis Francés.

Beatriz pérez

La sesión de la comisión de investigación ha servido también para que compareciese la funcionaria Beatriz Pérez, adscrita a la secretaría técnica de Educación. Es la representante del departamento en los procedimientos para adquirir material de suministro para la consejería de Educación, por un sistema de homologación. Al año se facturaba por este concepto entre 40.000 o 50.000 euros. Se trataba de comprar bolígrafos, papel o tóner, entre otros conceptos.

Ha dicho que es normal que se le adquiriese un amplio volumen de material a Almacenes Pumarín e Igrafo, cuyos responsables están imputados en el caso, porque eran las empresas "más fuertes".

Ha defendido el sistema de homologación, explicando que es el que busca el mejor precio. Y ha dicho que de un tiempo a esta parte están obligados a comprobar que no hay ofertas más bajas. "Supongo que no hay un sistema perfecto...", ha manifestado.

Pérez no se ocupó de contratos relativos de equipamiento y mobiliario, a pesar de que fue nombrada como representante de la Consejería para tal fin. Pero un mes después se corrigió el error y se nombró a Otero, según ha señalado. "Supongo que sería un error, porque yo no tenía ni idea de mobiliario de centros", ha manifestado.