La Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente promueve contra el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido (PP), un procedimiento sancionador a cuenta de la detección de un vertedero de residuos carente de autorización entre la carretera de Su Eminencia y los accesos al Club Pineda. El vertedero fue descubierto en 2010 en unos terrenos cuya titularidad catastral ostenta el Consistorio hispalense, que por su parte alega la ausencia de actuaciones para descubrir a los autores "directos" de los hechos y avisa de las obras promovidas en el entorno por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Según la documentación oficial recogida por Europa Press, todo parte de una denuncia promovida el 8 de febrero de 2010 por la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía. El 25 de enero de 2013, de cualquier modo, el citado departamento de la Junta de Andalucía emitió una propuesta de resolución al objeto de cerrar el procedimiento con una sanción de 24.051 euros que habría de abonar la Administración local por una infracción grave de la Ley 2/2007 de Gestión de la Calidad Ambiental, siendo además el Ayuntamiento obligado a reponer el entorno a su estado natural con el correspondiente proyecto técnico de restauración.

Las obras de la chg

Frente a esta propuesta de resolución, y aún dentro del periodo de alegaciones, el Ayuntamiento de Sevilla esgrime que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dentro del proyecto promovido para crear un parque público en los terrenos del antiguo cauce del río Guadaíra, comenzó entre 2007 y 2008 una serie de obras, aunque las obras fueron suspendidas en 2009 para ser retomadas finalmente en 2011. En ese sentido, el Consistorio admite su "titularidad catastral" respecto a los terrenos en los que fue descubierto el vertedero, pero alega la ausencia de "actuaciones" destinadas a la "averiguación" de los autores "directos" de la supuesta infracción administrativa.

En paralelo, esgrime el Consistorio hispalense que "estos terrenos estaban en posesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre la que existía la obligación de ejecutar las obras". Alega también el Ayuntamiento que el procedimiento sancionador comenzó a ser instruido "casi tras años más tarde" respecto a la denuncia inicial, por lo que pide dejar "sin efecto" la propuesta de resolución antes mencionada o, "subsidiariamente", que sean ordenadas "las actuaciones complementarias necesarias para la aclaración y determinación de los hechos".