Las protestas que se iniciaron el pasado miércoles en Quito, capital de Ecuador, contra el Gobierno de Lucio Gutiérrez amenazan con prolongarse hasta que «todos los políticos se hayan ido», como decían ayer los manifestantes en Radio La Luna. El Congreso se reunió ayer para buscar una solución a la crisis (salida que aún no había consensuado al cierre de esta edición), que incluiría la ratificación del cese de la Corte Suprema de Justicia y el comienzo de la reforma de la Ley Orgánica de la Función Judicial. La gota que colmó el vaso de la paciencia de los ecuatorianos –hastiados de la labor de sus políticos, a los que responsabilizan de la miseria del país– fue el regreso a Ecuador, a comienzos de abril, del ex gobernante Abdalá Bucaram, gracias a que la Corte Suprema de Justicia anulara todos los juicios por corrupción que tenía pendientes contra él. El clima de tensión se acrecentó el viernes con la decisión del presidente, respaldado por los jefes de las Fuerzas Armadas, de decretar el estado de excepción en la capital, situación que se prolongó durante 20 horas. La madrugada del domingo, la Policía reprimió con dureza las protestas en las inmediaciones del palacio presidencial de Carondelet.