La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social, ha afirmado este miércoles que trabaja en "buscar la mejor vía legal" para tratar de solucionar el impago de hasta nueve nóminas de las 31 trabajadoras del centro de la tercera edad de Oria (Almería), que ha provocado las protestas de los empleadas y que el exalcalde del municipio, Bartolomé Sánchez, inicie una huelga de hambre que alcanza su segunda jornada.

Fuentes del Gobierno andaluz han precisado a Europa Press que los trabajadores acudieron este martes a la Delegación Territorial de Bienestar Social donde, tras mantener un breve encuentro con el delegado Alfredo Valdivia, presentaron un escrito mediante el registro oficial de la Junta de Andalucía. En este sentido, las mismas fuentes han indicado que el delegado "se comprometió a trabajar y solucionar el problema" sin alcanzar ningún otro acuerdo con sus interlocutores.

Mientras, el exalcalde de Oria (Almería) Bartolomé Sánchez Moreno se ha declarado en huelga de hambre para protestar por la situación que atraviesan las empleadas de la residencia que lleva su nombre y a los que la empresa concesionaria del servicio adeuda nueve nóminas, motivo por el que también se ha iniciado una huelga indefinida entre los empleados.

En este sentido, los empleados han elaborado un escrito en el que agradecen tanto la colaboración de Sánchez Moreno, para el que reivindican un "seguimiento exhaustivo" de su salud "dados los problemas médicos que tiene y su avanzada edad"; y en el que vuelven a pedir a la empresa que "cumpla sus obligaciones" con los trabajadores y abone las nóminas.

El propio exregidor ocupa el salón de plenos del Ayuntamiento de Oria junto con algunos trabajadores a la espera de que la empresa Geriátricos Urbanos S.L. que gestiona la residencia acceda al pago de las nóminas, ya que en dos días debería producirse el abono de un décimo salario.

La residencia, edificada durante el mandato de Sánchez Moreno, mantiene actualmente a 40 ancianos que siguen asistidos mediante un acuerdo de servicios mínimos por el que el 33 por ciento de los trabajadores dedicados a la atención directa a los usuarios deben garantizar la prestación de los servicios sanitarios, de aseo personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales, según el acuerdo publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes.