La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha presentado este miércoles un nuevo parte de baja laboral por enfermedad para otros 15 días, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La magistrada acumula más de cinco meses de baja tras abandonar su actividad en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado día 12 de septiembre del pasado año 2012 debido a las fuertes cefáleas que sufría desde que se incorporó a su órgano judicial una vez concluidas las vacaciones de verano.

En este sentido, las fuentes consultadas por Europa Press han puesto de manifiesto que la magistrada "se encuentra mejor" de sus dolencias y que su intención, si todo transcurre con normalidad y no sufre nuevas recaídas en los próximos días, es incorporarse a lo largo de la próxima semana al órgano judicial.

Dos secretarios y dos jueces

Debido a la baja de la magistrada, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió nombrar por un periodo mínimo de seis meses a dos jueces para reforzar el Juzgado, como son Ana Rosa Curra, que se está encargando de tramitar el asunto de los ERE, y Rogelio Reyes, que instruye la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis Balompié.

Asimismo, el Ministerio de Justicia aprobó destinar a este Juzgado una secretaria de refuerzo, Rosa Vélez, puesto al que se incorporó el pasado lunes. Vélez pertenece a la bolsa de secretarios sustitutos y apoyará el trabajo que desarrolla el secretario de este órgano judicial, Luis Rodríguez Varo.

Además de los ERE, el Juzgado de Instrucción número 6 investiga tres 'macrocausas', como son la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario cometido supuestamente también en la lonja, y la causa contra Manuel Ruiz de Lopera.

El caso ere,

Bajo secreto

Hay que recordar que el caso de los ERE se encuentra desde el pasado mes de noviembre bajo secreto de sumario, aunque el próximo lunes concluye la tercera prórroga que se dictó en torno al mismo y la juez Ana Rosa Curra deberá tomar una decisión al respecto.

El secreto de las actuaciones fue solicitado en su día por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a fin de investigar quiénes son los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

Dentro de esta investigación, el pasado día 15 de enero fue detenido e ingresó en prisión provisional, por orden de Ana Rosa Curra, Juan Francisco Algarín, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los ERE financiados por la Junta.

EL 'TESTAFERRO'

Y es que Juan Francisco Algarín, a quien la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado en libertad bajo fianza de 10.000 euros, figuraba como administrador solidario de la empresa 'Distripack Transporte Urgente S.L.' y habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros, según los datos que maneja la UCO de la Guardia Civil.