El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Rafael de la Sierra, ha formalizado este miércoles su petición al presidente de la Cámara, José Antonio Cagigas, para que realice "los trámites necesarios" y haga públicas las declaraciones patrimoniales de los diputados cántabros, a los que insta a "un plus de transparencia" para "recuperar la imagen de honradez que corresponde a la mayoría de los representantes políticos y que en este momento está en entredicho".

En un escrito dirigido a Cagigas, De la Sierra señala que si bien el Reglamento del Parlamento no establece el carácter público de estas declaraciones "tampoco lo prohíbe", al tiempo que defiende la divulgación de esos datos como "un gesto de transparencia hacia los ciudadanos, confusos y preocupados por la existencia, probada ya o presunta, de múltiples escándalos que ponen en cuestión del ejercicio de la función pública por sus gestores y representantes".

Asimismo, recuerda que los diputados cántabros están obligados a presentar, al inicio y al final de cada legislatura, la declaración de los bienes que integran su patrimonio y de los intereses y actividades que les proporcionan o pueden proporcionar ingresos económicos. Dichas declaraciones se inscriben en el Registro de Intereses, cuyos datos son públicos, salvo en lo relativo a los bienes patrimoniales.

El PRC quiere acabar con esa excepción y que toda la información relativa a las propiedades e ingresos de los parlamentarios pase a ser pública, porque considera necesario "un paso más" en un momento en el que proliferan los escándalos de corrupción en el seno de algunas formaciones políticas.

"Como es evidente, las actuaciones espurias no constan generalmente en los registros públicos y sería absurdo entrar en una sucesión de acciones individuales originales destinadas a contrarrestar demagógicamente la sensación de la sociedad, pero es necesario transmitir a los ciudadanos la realidad y defender la honradez y la transparencia en el ejercicio del cargo de la mayoría de los políticos y de los gestores públicos", ha argumentado De la Sierra.

Finalmente, ha defendido que estos "gestos ante la sociedad" tienen que ser "generales" y afectar a todos los cargos públicos "de la misma manera", por lo que ha confiado en la "receptividad" del presidente del Parlamento para llevar adelante su propuesta.