La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha puesto de manifiesto en su último Informe Anual la "falta de información pública sobre las actuaciones municipales" y ha criticado, por otra parte, que los ayuntamientos traten de solventar el problema del "botellón" sin contar con el resto de administraciones e incluso destinando "espacios exclusivos" para esta actividad.

Tal y como señala en el capítulo dedicado a la Administración Local del citado informe, las quejas recibidas por la institución demuestran que en las entidades locales persisten problemas relacionados con la transparencia, tales como "la falta de publicidad de las actas de los órganos de gobierno", que los ayuntamientos justifican con la necesidad de proteger los datos personales de los que aparecen en ella.

A este respecto, la Defensora asegura que, exceptuando casos puntuales, "la publicidad de las actas de los órganos de gobierno de las entidades locales no deja sin salvaguarda los derechos de los ciudadanos cuyos datos personales figuren en ella".

Así, denuncia que muchos ayuntamientos "ni siquiera fijan en el tablón de anuncios de la casa consistorial el resumen del contenido de las sesiones plenarias y de los acuerdos del pleno y de la comisión de gobierno, ni tampoco las resoluciones del alcalde".

Además, asegura que "no se puede prohibir a ningún asistente a un pleno municipal la grabación del desarrollo de las sesiones ni la difusión de dicho material, siempre que quienes así lo hagan no alteren el orden ni el desarrollo de las mismas y respeten las normas de protección de datos de carácter personal y las demás leyes".

De este modo, dado que este asunto relacionado con la grabación de los plenos por parte de los asistentes y de su posterior difusión ha sido "objeto de varias actuaciones", Becerril recomienda a los alcaldes que "autoricen" o al menos "no obstaculicen" las solicitudes para la grabación y la difusión.

La Defensora informa asimismo de que en algún caso ha sido necesario abrir una investigación con la Subdelegación del Gobierno después de que se hubieran iniciado procedimientos sancionadores por alteración del orden público a quienes grabaron, para determinar si "ha quedado suficientemente acreditada" dicha alteración del orden público y si efectivamente se habría incurrido en un delito de desobediencia a la autoridad.

En su último Informe Anual, Becerril también pone de manifiesto que un gran número de quejas recibidas tienen que ver con el denominado "botellón", un problema que define como "típicamente local por su ámbito espacial pero no por su trascendencia social". "No es sólo un problema de salud, ni de ruido, ni de producción y recogida de residuos, como tampoco un mero problema o de orden público", reconoce.

No obstante, aunque da la razón a los ayuntamientos cuando justifican que, con los medios de los que disponen, les es "muy difícil, si no imposible", prevenir o disuadir esta "manifestación de ocio", Becerril rechaza que en ocasiones traten de "encauzarlo" o incluso "organizarlo" en "espacios exclusivos".

La bandera española:

"información útil"

Por otra parte, el informe hace referencia a las investigaciones puestas en marcha por la Institución a raíz de incumplimientos puntuales en algunos ayuntamientos en lo que al uso de la bandera de España y de otras enseñas se refiere.

A este respecto, Becerril apunta que "el correcto uso de las banderas en los edificios públicos ofrece una indicación útil a los ciudadanos para reconocer la sede de un organismo que ampara sus derechos e intereses y donde puede encontrar atención a sus legítimas pretensiones". "Más allá de las reacciones negativas que las banderas susciten, parece que si ondea la bandera española se está proporcionando dicha indicación útil, positiva y beneficiosa para todos", asegura.

Por otra parte, señala que tras analizar las quejas recibidas relacionadas con la Administración Local, que han suscitado la puesta en marcha de unas 70 investigaciones, la percepción de la Institución es que "los ayuntamientos se encuentran, en buena medida, sobrecargados en sus funciones", debido en parte a la "escasez de recursos" de los que disponen".

No obstante, afirma que, a pesar de ello, "las corporaciones locales, aún con las limitaciones actuales, pueden alcanzar mayores cotas de eficacia y beneficio para los vecinos".

En lo que a la prestación de servicios se refiere, son especialmente importantes "por su número y contenido" las quejas por "deficiencias en los servicios y suministros en general, y en particular, las referidas a los servicios de limpieza". "Frecuentemente los ayuntamientos se ven superados por la circunstancias y no son capaces de facilitar soluciones a los problemas vecinales", añade.