La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha criticado la oferta de empleo de la Junta de Castilla y León por la que convocará 176 plazas de Infantil y Primaria para este año, que considera que "atenta" contra la educación "pública y de calidad" y que cree "insuficientes" para compensar las 1.797 jubilaciones de 2011 y 2012 y las 1.086 vacantes firmadas en el curso 2012-2013.

"Esto nos sitúa en un nuevo recorte de la administración al derecho de una educación pública y de calidad", ha asegurado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha añadido que los 131.445 alumnos matriculados en los centros públicos de educación infantil y primaria de Castilla y León (datos del curso 2011/2012) "verán, de nuevo, reducidos los recursos humanos a ellos destinados".

Comisiones ha explicado que la Consejería de Educación dice sentirse obligada por el artículo 23 del Capítulo I del Título III de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que sitúa la tasa de reposición en el 10 por ciento para aquellas Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la LOE.

Sin embargo, el sindicato ha afirmado que esto "va radicalmente en contra" del acuerdo de 19 de mayo de 2006 donde la Administración, en Castilla y León, se comprometió a llegar a lo largo de la vigencia del mismo a una tasa de interinidad del 5 por ciento y ésta se sitúa en la actualidad en el 11,1 en todos los cuerpos educativos del sector público, con 1.700 vacantes a tiempo completo y 1.100 a media jornada para un total de más de 28.000 funcionarios docentes.

Por tanto, considera que para el próximo curso académico, la Consejería de Educación sólo deja "dos caminos" para el profesorado de Castilla y León, el de "seguir aumentando la precariedad laboral", que ha asegurado que repercute "negativamente" en la calidad educativa del alumnado o, "todavía peor", que a lo largo del curso 2013-2014 se produzca una pérdida neta de puestos de trabajo "que tendrá consecuencias gravísimas para el alumnado" y para la sociedad.

Por todas estas razones, la Federación de Enseñanza de CC.OO. ha criticado esta oferta, que "no cumple las expectativas de un sistema educativo público y de calidad".

"No podemos seguir con unas convocatorias de empleo en el Cuerpo de Maestros con un rendimiento malthusiano decreciente: 1.100 puestos en la convocatoria del año 2009, 510 en la de 2011 y, en la actualidad, una jibarizada cifra de 176", ha indicado el sindicato.

Comisiones considera que la anterior "también es una buena metáfora de cómo quedarán los efectivos del sistema educativo tras este proceso de oposiciones que ahora abre la Junta" y que, a su juicio, "niega, a una mayoría de aspirantes, perfectamente preparados a lo largo de años de estudio", una posibilidad de consolidar su puestos de trabajo o ingresar, por primera vez, en el Cuerpo de Maestros de Infantil y Primaria.

Además, ha recordado que a partir de este momento, los aspirantes a un puesto de funcionario deberán tener en cuenta que la Orden 276/2007 regulará este proceso de oposiciones, que se mantendrán los temarios antiguos (Orden ECI/592/2007 de 12 de marzo en Primaria y el Anexo I de la Orden de 9 de septiembre de 1993) y que la fase de oposición constará de dos pruebas con carácter eliminatorio.

Más plazas

CC.OO. ha exigido a la Administración que en futuras convocatorias se alcance un número adecuado de puestos que, en esta, se debería haber situado en torno a los 2.000, aunque dicha oferta todavía no habría devuelto la tasa de interinidad a un porcentaje "razonable", pero "estaría en camino".

De la misma forma, el sindicato ha hecho un llamamiento público para adelantar futuras convocatorias de OEP, ya que, "en unas circunstancias tan inestables como las actuales", considera que no se puede mantener a los decenas de miles de candidatos a participar en el proceso selectivo de concurso-oposición para mantener un puesto de funcionario, en la inseguridad, que dura más de medio año, de no saber si se han de preparar o no las oposiciones, "una decisión ésta que condiciona toda la organización vital de los candidatos".

Comisiones ha insistido en que esta situación es un "ERE encubierto" que considera una "consecuencia laboral más" de los 422 millones de euros que desde 2010 la Junta de Castilla y León ha recortado en educación.

"No saldremos de la crisis hasta que nuestros gestores políticos entiendan que una educación pública y de calidad debe ser el soporte fundamental de una economía sostenible", ha añadido.