El Ministerio Fiscal ha anunciado hoy que no modificará su petición de pena para el que fuera jefe de la Sección de Minas de Valladolid entre 2000 y 2004, Maurilio Parrado Castro, y su hermano Amado, ingeniero del ramo, en el primer caso consistente en una condena global de seis años de cárcel y en el segundo de dos años, tras considerar acreditado que en dicho periodo distintas empresas del sector tuvieron que plegarse a las coacciones del principal imputado para garantizar la pervivencia de sus respectivos negocios.

Aunque todo apuntaba que tras la sesión de hoy el juicio que desde primeros de mes se sigue en la Audiencia de Valladolid quedaría visto para sentencia una vez expuestos los informes definitivos, dicho trámite ha quedado aplazado para el próximo martes después de que las defensas de ambos acusados, que mantienen su petición absolutoria, solicitaran un plazo de tiempo al tribunal para estudiar las modificaciones introducidas por las acusaciones particulares en sus escritos de conclusiones.

La solicitud la han fundamentado en que los letrados de las tres empresas personadas como acusadoras particulares habían introducido cambios en la tipificación jurídica de los hechos que en algunos casos conllevaba un endurecimiento de las penas, algo que han negado los abogados aludidos pero que, sin embargo, ha llevado al tribunal a optar por la suspensión, en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de evitar posibles indefensiones.

Antes de la suspensión, sin embargo, todas las partes han puesto sus cartas sobre la mesa y han anunciado el contenido de sus definitivos escritos acusatorios, que en el caso del Ministerio Fiscal y la Junta de Castilla y León se mantienen invariables, a excepción de leves modificaciones que no alteran las penas, y que respecto de las empresas personadas como perjudicadas suponía ajustarse a la 'criba' de delitos impuesta por el propio tribunal con carácter previo al inicio de la vista.

Así, la acusación pública pide a Maurilio Parrado una condena global de seis años de prisión, nueve de inhabilitación y 37.200 euros de multa por delito continuado de cohecho en concurso con otro de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental y una falta de intrusismo, mientras que para su hermano Amado, como cooperador necesario en el primero de los delitos, interesa dos años de cárcel, inhabilitación por cinco años y 11.500 euros de multa.

'MORDIDAS' DE 100 Y 300

Euros mensuales

En su relato de hechos, además de coaccionar a empresarios para que contraran a su hermano Amado, ingeniero de minas, o les hicieran a ambos socios de tales mercantiles a cambio de no paralizar los expedientes que pasaban por sus manos, el fiscal ha anunciado hoy su propósito de introducir también como hechos probados las 'mordidas' mensuales, de entre 100 y 300 euros, que el exjefe de la Sección de Minas percibió, supuestamente, "en ocasiones no determinadas" de manos de Julio César Valle, titular de la empresa 'Minería, Ingeniería, Asesoramiento Jurídico S.L' y principal acusador particular.

Precisamente, la letrada de este empresario solicita globalmente para Maurilio Parrado cuatro años de cárcel, once de inhabilitación, multa de 36.480 euros y el pago de una indemnización de 56.726 euros derivada del cierre de la mercantil, así como dos de prisión, cinco de inhabilitación y 30.000 euros de multa para su hermano Amado.

Otras de las acusadoras particulares, Gracalsa, supuestamente perjudicada por la paralización de un expediente para extraer caliza en 37 hectáreas de un terreno ubicado en Quintanilla de Onésimo, interesa sólo para el exjefe de Minas seis años de cárcel, multa de 21.600 euros, inhabilitación por diecisite años y una indemnización de 230.000 euros.

Por su parte, la mercantil Álvarez Fray, que se considera afectada por el cierre de la cantera 'El Lucero' de Laguna de Duero, pide para Maurilio y Amado sendas penas de dos años de privación de libertad, inhabilitación por seis años y 100.000 euros de multa, junto con la patición para el primero de ambos hermanos de una indemnización de 968.000 euros.

La Junta, también en la bancada de la acusación particular, pese a que en su día las empresas afectadas pretendían sentarla como responsable civil subsidiaria, ha anunciado también hoy que mantiene su escrito acusatorio—introduce peticiones subsidiarias—consistente en cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación para el exjefe de la Sección de Minas.

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