La sección sindical de UGT en la Universidad de Granada ha confirmado que presentará un conflicto colectivo contra el gobierno de la institución docente para reclamar la devolución de la paga íntegra de diciembre al colectivo de investigadores, después de que el encuentro entre las partes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) acabara sin avenencia.

Esta situación se produce después de que la UGR aplicara al millar de investigadores que trabajan en la institución el Real Decreto del Gobierno para garantizar la estabilidad presupuestaria, lo que les dejó sin paga de Navidad y, dado que "la tienen prorrateada se quedaron con sueldos de unos 200 euros".

Así lo ha explicado a Europa Press el responsable de la sección sindical de UGT en la institución, Antonio Oña, tras acudir este pasado miércoles al encuentro celebrado en el Sercla previo a la vía judicial junto con el abogado de la institución docente y el presidente del comité de empresa, Miguel Ángel García Rubio.

Desde UGT mantienen que el Real Decreto que suprime la paga extra de Navidad de los empleados públicos no es de aplicación al personal del capítulo VI en el que se integran los investigadores.

De hecho, advierten de que este colectivo recibe su sueldo a través de subvenciones finalistas y fondos europeos que, según la normativa vigente, no se pueden modificar, retraer o dedicar a otros asuntos diferentes al que van dirigidos.

Asimismo, consideran que el correo electrónico del Gobierno en el que se basó la vicerrectora de investigación para aplicar el decreto no tiene valor jurídico, como tampoco lo tiene a su juicio el Informe jurídico de la Universidad que justificaba la medida.

"La parte que representaba a la Universidad de Granada no respondió a los argumentos anteriores, no aceptó la mediación, ni la propuesta de arbitraje. Por tanto, el paso siguiente que dará FETE-UGT será la presentación de conflicto colectivo ante los Tribunales", ha relatado Oña.

El conflicto colectivo será presentado por UGT para mantener el anonimato de los afectados, ya que se trata de un colectivo joven con contratación temporal y "por tanto muy débil".