El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes ha rechazado la toma en consideración de la Proposición de Ley del PSOE sobre la creación del impuesto sobre Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Castilla y León por considerar que se desconoce su recaudación y porque su aprobación conllevaría la inmediata presentación, por parte del Gobierno de la nación, de un recurso de inconstitucionalidad.

Así lo ha trasladado el 'popular' Salvador Cruz, quien en su argumentación, además de poner en duda las razones por las que el PSOE "ha tardado" en presentar la PL, ha acusado a los socialistas de "oportunismo". Ya que su aprobación conllevaría la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central.

"Lo han traído para buscar la confrontación entre la Comunidad y el Estado", ha acusado antes de

considerar que el PSOE "no se atreve a decir" cuál es la capacidad real de recaudación de este impuesto. "Cero", ha asegurado antes de recalcar que al PP no le encontrarán en la búsqueda de confrontación y que "al final" el esfuerzo fiscal que se pide a la banca se le pide a los ahorradores.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que la recaudación con cargo a este impuesto no soportaría ningún coste de ningún servicio público (el modelo tributario ha permitido financiar con 350 millones estos servicios en 2012) y que la situación plantearía un límite a la capacidad de financiación de la Comunidad, que puede financiarse en los mercados internacionales, que ha alcanzado el objetivo de déficit y que mantiene sus servicios básicos "de calidad" aunque "con ajustes, sí".

Por su parte el procurador socialista José Francisco Martín ha asegurado que los letrados de las Cortes han dado "absolutamente" la razón al PSOE acerca de la constitucionalidad del impuesto ya que "resulta forzoso interpretar que no tiene otra finalidad que la de impedir que las comunidades autónomas puedan someter a tributación los depósitos captados por las entidades de crédito".

Así y tras reiterar que los letrados, a los que acudieron por recomendación del portavoz del PP, Carlos Fernández Carriedo, dan la razón al PSOE, a lo que Cruz ha contestado que ellos plantean si se puede tramitar o no en la Cámara la propuesta de ley sobre un impuesto y no "sus bondades", Martín ha cuestionado las razones por las que la Junta renuncia a recaudar este impuesto en el momento actual.

RECORTAR versus

Cobrar a los bancos

"Sólo se me ocurre una explicación: la Junta prefiere recortar el Estado del Bienestar antes que poner nuevos impuestos a los bancos; es eso, hablemos claro", ha aseverado antes de enfatizar que se trata de un impuesto a los bancos, "no a los clientes", a fin de que paguen por las cantidades que captan en la Comunidad y que invierten en otras zonas, "en gran parte en el extranjero", consiguiendo "mayor beneficio" a costa de recursos procedentes de Castilla y León.

El fondo del impuesto, a su juicio, se centra en conseguir promover la financiación de inversiones en Castilla y León "y no en otros sitios con nuestro dinero", ha reiterado el procurador socialista, quien ha asegurado que pese a que fuera baja, la recaudación permitiría abrir crédito a las pyme y autónomos.

Martín, quien ha atribuido al PP la consigna de "todo lo que plantea la oposición es malo y hay que votar en contra" para, a continuación, presentar lo mismo, como ya hicieron con el impuesto medioambiental o la recuperación de los de sucesiones y donaciones, ha recordado que en noviembre de 2011 ya se discutió una PNL en este mismo sentido en el marco de la Comisión de Hacienda que el PP rechazó.

Con críticas continuas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien ha comparado con "el perro del hortelano" y cuya marcha ha pedido, ha aclarado que el Tribunal Constitucional ha asegurado que el impuesto no perjudica a la unidad de mercado, al contrario que el "centimazo", a lo que Cruz ha matizado que éste ha permitido la recaudación de más de 80 millones de euros.

En último término el portavoz del Grupo Mixto, José María González, ha apoyado la propuesta del PSOE por considerar "importante" la existencia de este impuesto, que a su juicio sería "eficaz y sumativo" sobre otros impuestos para, de este modo, no tener que recortar en determinadas partidas.