Crespo asegura que Junta no ha justificado el convenio firmado con Gobierno en 2012 para atención sanitaria en prisiones

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha asegurado que la Junta de Andalucía no ha justificado aún el cumplimiento del convenio firmado en 2012 con el Gobierno en materia de atención sanitaria en prisiones, lo que ha motivado que aún no se haya firmado el correspondiente al presente año 2013.
Carmen Crespo, hoy ante los medios
Carmen Crespo, hoy ante los medios
EUROPA PRESS
Carmen Crespo, hoy ante los medios

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha asegurado que la Junta de Andalucía no ha justificado aún el cumplimiento del convenio firmado en 2012 con el Gobierno en materia de atención sanitaria en prisiones, lo que ha motivado que aún no se haya firmado el correspondiente al presente año 2013.

A preguntas de los periodistas, Crespo se ha pronunciado así después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, haya alertado de un repunte del número de quejas recibidas de parte de la población reclusa relacionadas con la atención sanitaria que se les presta y haya urgido a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y a la Junta de Andalucía a "buscar los acuerdos necesarios para normalizar" esta situación.

La delegada del Gobierno ha indicado que se ha puesto en contacto con el Ministerio competente sobre esta cuestión y que se le ha explicado que no hay problemas para renovar el convenio en 2013, pero que sí se le pedía a la Junta por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, competente en esta materia, que justificara el cumplimiento del convenio de 2012.

Chamizo ha tildado de "preocupante" el "clima" que se está generando en las cárceles andaluzas a raíz de este aumento de las quejas. Se trata, según ha explicado, de situaciones que, "en general", se están dando en el conjunto de las prisiones de la comunidad, y que se plasman en casos como el de "presos enfermos de hepatitis C que no están recibiendo tratamiento con la excusa de que son muy caros", o de "mujeres reclusas que proceden de otras comunidades autónomas con problemas para dar a luz porque no se sabe quién debe pagar sus partos".

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