El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha valorado positivamente la aprobación por unanimidad, este lunes en el Parlamento, de la moción sobre las sentencias de derribos, por lo que supone recuperar el "clima de consenso" en una cuestión tan sensible como ésta, que requiere "un esfuerzo de generosidad" para buscar entre todos soluciones.

Sin embargo, la recuperación de ese "clima de consenso" es, para el consejero, la "única utilidad" práctica de la moción, en la que se insta al Gobierno a una serie de cuestiones que "ya estamos haciendo desde hace tiempo", según ha señalado en declaraciones a Europa Press.

La moción, promovida por el PSOE, insta al Gobierno a incluir en el plan de derribos todas las sentencias con orden de demolición que hay en Cantabria; a modificar la Ley del Suelo para agilizar la aprobación de los planes generales de ordenación urbana; y a solicitar al Gobierno de la Nación los cambios legislativos necesarios para proteger los derechos de los ciudadanos cuando la Administración sea la condenada, tal y como ha hecho Cantabria.

Para que se pudiera aprobar por unanimidad, el PSOE tuvo que retirar un cuarto punto en el que proponía "reprobar el engaño y la frustración que el Gobierno de Cantabria ha generado a los afectados por sentencias de derribo al anunciar la modificación de la Ley del Suelo del Estado, negada por la ministra de Fomento, para legalizar la mayoría de las viviendas afectadas por sentencias de derribo".

Pese a que el Gobierno central ha paralizado esa reforma, el consejero ha subrayado que desde el Gobierno de Cantabria "seguirán apoyándola". Por otro lado, ha puntualizado que se está trabajando en casos de sentencias de demolición como el de la depuradora de Vuelta Ostrera o El Cuco, "aunque formalmente no se incluyan" dentro del plan de derribos.

Añadió que "no hubo nunca un Gobierno tan preocupado por impulsar" los PGOU y reiteró que el Ejecutivo "lleva meses trabajando" con la Federación de Municipios para impulsar reformas legales en este sentido, aunque advirtió que esto "no es una panacea" porque, si bien puede ayudar, la tramitación de los PGOU es necesariamente "compleja y larga".

Fernández agregó que también se está trabajando en reformas legislativas a nivel nacional, "aunque de momento hay que reconocer que con escaso éxito", dijo en alusión a la Ley de Costas y el caso de Cerrias.

Sobre la posibilidad de trasladar a la legislación estatal el principio de indemnizar antes de derribar asumido por el Parlamento de Cantabria en una ley aprobada por unanimidad, el consejero señaló que ha de hacerse "en un clima de colaboración".

Recurso contra la ley gallega

Fernández ha puntualizado, en declaraciones a esta agencia, que la situación actual de esta ley, recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria "no empeora" por el hecho de que el Estado haya recurrido ante el TC la Ley de Vivienda de Galicia, que también recoge este principio.

El diputado socialista Miguel Angel Palacio afirmó la semana pasada que si el TC anula la ley gallega, la cántabra seguirá el mismo camino, algo que ha descartado el consejero, quien está "convencido de que nuestra ley no es idéntica que la ley gallega".

"Si lo fuese, me cuesta entender que el Estado no haya recurrido nuestra ley y sin embargo sí haya recurrido la de Galicia; el Estado no recurre una ley autonómica que sea igual que otra en un caso sí y en otro no", comentó al respecto.

Según ha explicado, el Gobierno de Cantabria va a realizar un estudio en profundidad del contenido de la ley gallega y de los argumentos que han llevado al Estado a recurrirla por inconstitucional.

En todo caso, subraya que lo importante es que la norma cántabra, aprobada a finales de la pasada legislatura, "pase el examen constitucional" derivado de la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el TSJC, "ocurra lo que ocurra con el recurso gallego".