Los concejales del PSOE y de IU-CA defenderán en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla una moción conjunta, para reclamar que el Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido (PP), suspenda provisionalmente la modificación de reglamentos emprendida en Mercasevilla, la sociedad gestora del mercado central de abastos, para liberalizar la lonja de pescado con el consiguiente despido de casi cien trabajadores de esta empresa participada mayoritariamente por el Consistorio. Las fuerzas de oposición reclaman que todo el procedimiento sea suspendido hasta que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la petición elevada por la plantilla para que sean aclaradas las incidencias o no de las normativas comunitarias sobre Mercasevilla.

El concejal del Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla Juan Carlos Cabrera y la edil de IU-CA Josefa Medrano han presentado este martes, en rueda de prensa, la moción que ambas fuerzas defenderán conjuntamente en el pleno ordinario del próximo viernes. La moción, recogida por Europa Press, recuerda que el Gobierno municipal del PP esgrime que la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla presta en la lonja de pescado es una "obligación" derivada del marco normativo europeo, si bien los socialistas e IU-CA avisan de que "esta idea no queda clara en la documentación del expediente". "Sólo existe una petición de información por parte de la comisión europea sobre la normativa aplicada a la empresa", expone la moción.

Hasta que se aclare

La propuesta de acuerdo, en ese sentido, recuerda que el pasado mes de noviembre, los trabajadores de Mercasevilla elevaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una petición para que esta institución se pronunciase, expresamente, "sobre si realmente existe una exigencia que pudiera desprenderse de las leyes europeas", toda vez que "el Parlamento Europeo aún no se ha pronunciado sobre esta petición". Por eso, esta moción conjunta reclama la suspensión provisional de la modificación de los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla hasta que el Parlamento Europeo "aclare" si verdaderamente dicha liberalización, que implica casi un centenar de despidos, es "una exigencia de las instituciones europeas".

Josefa Medrano, así, ha considerado que en este caso no media "ningún imperativo" desde las instituciones comunitarias y que todo responde a la simple y llana "privatización" de los servicios del mercado central, mientras Juan Carlos Cabrera ha advertido de que si el Gobierno municipal "no espera, estará confirmando que la privatización de Mercasevilla es una decisión política que va a costar otros 98 despidos".

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha participado también en esta rueda de prensa, toda vez que la representación de la plantilla ha formulado ya alegaciones al documento de aprobación inicial de la modificación de reglamentos. En su escrito de alegaciones, recogido por Europa Press, el comité de empresa avisa de que la apertura de un procedimiento en el seno de la Comisión Europea, en este caso por un supuesto caso de monopolio, "no conlleva, 'per se', la concurrencia eventual de infracción", toda vez que "no existe resolución de finalización alguna del procedimiento que constante una infracción del derecho comunitario y que funda la modificación aprobada".

Expediente en la comisión europea

La liberalización de los servicios de la lonja parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.

Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).

El pronunciamiento del parlamento europeo

El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y señaló que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.

Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados".