El que fuera jefe de la Sección de Minas de Valladolid Alfonso Navas Berrocal, quien precedió en dicho cargo a Maurilio Parrado Castro, acusado de un delito de cohecho, y le sucedió en el mismo con posterioridad, ha asegurado hoy no haber recibido queja alguna contra la labor del aludido ni sobre los expedientes en los que pudo intervenir con respecto a determinadas empresas de áridos, a pesar de que los responsables de algunas de ellas y el Ministerio Fiscal le hayan sentado en el banquillo por supuestas prácticas mafiosas.

En su declaración ante la Audiencia de Valladolid como testigo propuesto por el propio Maurilio Parrado, al que se acusa de utilizar su puesto como jefe de la Sección de Minas entre 2000 y 2004 para presionar a empresas del sector para que, entre otras dádivas, les hicieran socios de las mismas a él y su hermano, también acusado, su predecesor y también sucesor en dicho departamento ha sido rotundo al apuntar que hasta sus oídos no llegó nunca una queja o reproche contra él.

"No recibí ningún tipo de queja sobre Maurilio Parrado", ha reiterado el testigo, ya jubilado, quien también ha recordado que uno de los expedientes bajo sospecha, el tramitado para legalizar una fábrica en Laguna de Duero presentado por Cementos la Parrilla, pasó inicialmente por sus manos antes que por las del acusado y ya desde un principio el criterio de su departamento era que tal actividad debía someterse a la legislación de minas, para lo cual se exigía que el proyecto fuera firmado por un ingeniero del ramo, y no a la de la Dirección General de Industria.

Tal afirmación vendría a rebatir las imputaciones del gerente de Cementos La Parrilla, Francisco Javier Alonso Cernuda, quien en una anterior sesión del juicio atribuyó a un capricho de Maurilio Parrado la imposición de un experto en minas para visar el proyecto e incluso le acusó de haberle presionado para que contratara a su hermano Amado, casualmente ingeniero de este ramo.

También ha resultado provechoso para los intereses de la defensa el testimonio aportado por quien fuera presidente del Consejo de Administración de la referida cementera, Francisco Gutiérrez Martín, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reconocido que su gerente y Maurilio Parrado protagonizaron una discusión cuando este último insistió en que el proyecto de la fábrica tenía que firmarlo un ingeniero de minas, cuando ya había sido visado por un ingeniero industrial, ante lo cual el testigo optó por reunirse con ambos para buscar una solución amistosa.

"Nosotros entendíamos que con el visto bueno de un ingeniero industrial era suficiente, ya que la empresa que nos estaba construyendo la fábrica había ejecutado otros proyectos similares en España mediante el mismo procedimiento", ha incidido el expresidente del Consejo de Administración de Cementos La Parrilla, quien, tras recordar que finalmente la Dirección General de Industria les dio la razón, ha apostillado que en ningún momento su gerente le informó de que Parrado le hubiera coaccionado para lograr la contratación de su hermano en la cementera.

A este respecto, el testigo, también propuesto por la defensa, ha reconocido que durante una comida Maurilio Parrado éste "comentó de pasada" que su hermano Amado era ingeniero de minas y estaba buscando trabajo en Valladolid, pero sin que llegara a imponer su contratación, "ni mucho menos, ya que él mismo sabía que la empresa no era más que una molienda, sin cantera ni actividad transformadora", y por ello no era posible contratar a un profesional especializado en explotaciones mineras.

El juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid entrará mañana en la prueba pericial, tras la cual las partes personadas en la causa darán a conocer si mantienen sus conclusiones o bien las modifican, mientras que el trámite de informes se ha reservado para la jornada del viernes.

Con carácter provisional, Maurilio Parrado Castro y su hermano Amado se exponen a penas de entre seis y dos años de prisión, respectivamente, el primero por delito continuado de cohecho, falsedad en documento oficial y negociaciones prohibidas a funcionarios y el segundo como cooperador necesario en el primero de los delitos citados.

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