La comisión especial informativa creada en el Ayuntamiento de Sevilla en torno al Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo y Protección de la Zona Monumental, nacido a finales del anterior mandato y derogado a comienzos del actual, ha finalizado este lunes al presentar sus conclusiones cada una de las fuerzas políticas del Consistorio hispalense. En sus conclusiones, el Grupo popular insiste en que el sistema "nunca funcionó" y los ciudadanos fueron "engañados", mientras PSOE e IU-CA señalan la elaboración de un informe "plagado de falsedades" para justificar la derogación de las restricciones y reclaman desde el cese del director del área de Movilidad, Enrique Medina, a la reprobación del alcalde, Juan Ignacio Zoido.

Merced al programa electoral del PP, el verano de 2011 el delegado de Movilidad y Seguridad, Demetrio Cabello, firmó una resolución de Alcaldía que dejaba "sin efecto" un documento previo de fecha 13 de octubre de 2010, relativo a la aprobación del Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo y Protección de la Zona Monumental. Este plan, mediante una modificación de la ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas, restringió hasta su derogación el tráfico privado en el casco histórico de la ciudad con sanciones de hasta 70 euros por circular más de 45 minutos en su interior sin la preceptiva autorización.

El informe de gutiérrez

En el asunto media un informe rubricado por el ingeniero jefe de sección del Centro de Control de Tráfico (CCT) del Ayuntamiento hispalense, Enrique Gutiérrez, señalando que el plan en cuestión dejó de estar "operativo" el 29 de marzo de 2011 y que el 31 de mayo fue consumada "la desconexión total de la aplicación informática instalada", cuya "recepción real" fechaba además unos días antes de dicha desconexión, el 24 de mayo, cuando la "fecha teórica prevista" era "el 27 de julio de 2010". Este informe revelaba también que las multas se limitaban a los usuarios que, sin la preceptiva autorización, permanecían en el casco histórico entre 75 y 200 minutos, quedando así "sin sanción el intervalo inferior a 75 y superior a 200 minutos", todo ello "sin transmitir la debida información al ciudadano".

El informe señalaba también "errores" de tipo técnico o informático, como son la "fiabilidad" de las cámaras en la detección, la lectura y reconocimiento de las matrículas, llegándose a registrar en una de las cámaras "una fiabilidad máxima de 65,16 por ciento". El jefe de sección de Obras y Servicios y director facultativo del proyecto, Félix Lerma, y la jefa de servicio de Proyectos y Obras del Ayuntamiento, Reyes González Castro, entre otros funcionarios, negaron de su lado las tesis de Gutiérrez y, en el marco de esta comisión especial informativa, defendieron el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia.

Volumen de infracciones

Los funcionarios, eso sí, reconocían que el volumen de infracciones, que podía sobrepasar las 2.500, era diez veces superior a lo que la Agencia Tributaria podía gestionar, extremo que había llevado de hecho a reducir el cupo de sanciones según lo expuesto.

En última instancia, ha cobrado importancia una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que archiva una denuncia formulada por el 'Grupo 17 de Marzo' en cuanto a las fotografías, captadas por las propias cámaras del sistema, que Enrique Gutiérrez mostró durante su comparecencia en una de las sesiones de la comisión informativa para demostrar la "escasa calidad" de las imágenes que tomaba el equipo audiovisual instalado para la aplicación de las restricciones.

Las imágenes de gutiérrez

Las imágenes, en ese sentido, probaban que las cámaras habían seguido grabando a los vehículos incluso después de ser desactivado el operativo y derogada la medida de restricciones, extremo elevado a la Agencia Española de Protección de Datos. En la citada resolución, la agencia de protección de datos archiva las actuaciones sobre el presunto "desvío" de los datos asociados a estas imágenes porque el Ayuntamiento "se encuentra legitimado para tratar los datos de las imágenes (...) al resultar esta medida un instrumento necesario para el control del tráfico". Respecto a la "fuga de datos" derivada de la comparecencia de Gutiérrez, la Agencia de Protección de Datos no localiza "pruebas", toda vez que el Ayuntamiento había esgrimido que la sesión en cuestión fue celebrada "a puerta cerrada" y sólo sus miembros habrían tenido acceso a ella.

Tras diversas sesiones a partir del mes de noviembre de 2011 y quedar congelado el funcionamiento de la comisión durante más de un año, —extremo no exento de polémica política—, este lunes todo ha finalizado con la presentación de las conclusiones por parte de cada uno de los grupos políticos del Consistorio.

El pp avisa del "engaño"

Las conclusiones del Grupo popular, en primer lugar, defienden que con el Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo "se engañó conscientemente a los sevillanos, haciéndoles creer que existía un sistema" en términos de vigilancia y sanción que no estaba siendo aplicado según los aspectos anunciados. "El sistema no funcionó nunca", señala el PP en sus conclusiones, que dan cuenta de "problemas no resueltos" en la lista de conductores acreditados, la tramitación de las sanciones o el personal necesario para hacer funcionar eficazmente este sistema. El PP defiende que ha quedado probado que el informe elaborado por Enrique Gutiérrez existía antes de que el Gobierno municipal comenzase a atribuir "fraudes" e irregularidades a este plan, quedando así "en mera conjetura" que dicho informe fuese redactado expresamente como justificación para derogar las medidas de restricción. Avisa finalmente el PP del "incumplimiento sistemático de las profecías" de la oposición sobre un "caos" en la movilidad del casco histórico tras la derogación de las restricciones.

El Grupo socialista, de su lado, defiende en su conclusiones que "a pesar de las reiteradas manifestaciones" de Enrique Gutiérrez, "asumidas por el Gobierno municipal", el equipamiento técnico "ha continuado en funcionamiento desde diciembre de 2010, hasta el día de la fecha". "El sistema funciona y nunca ha dejado de hacerlo", señala el PSOE, que considera que el director del área de Movilidad ordenó a Gutiérrez la elaboración de un informe que "generase una opinión pública favorable a la derogación del plan con base a filtraciones de informes de parte (...) plagados de falsedades", considerando que Gutiérrez fue la persona elegida para esta misión a cuenta de su "enemistad" con la dirección anterior del área de Movilidad.

Peticiones de ceses y reprobaciones

Por eso, el PSOE pide reprobar al portavoz municipal del PP, Juan Bueno, y a las declaraciones del concejal del PP Francisco Pérez como presidente de la comisión, así como el cese del actual director general del área de Movilidad. IU-CA, de su lado, señala también que el informe de Enrique Gutiérrez estaba "plagado de falsedades" y que el Gobierno municipal intentó "distorsiona" la realidad para legitimar su decisión. IU-CA, a tal efecto, pide la dimisión de Enrique Medina como director de Movilidad y del concejal popular Francisco Pérez, así como la reprobación de Zoido.

Así, cada una de las fuerzas políticas estudiará ahora las conclusiones de los restantes partidos y, en el pleno ordinario del próximo mes de marzo, cada uno de los grupos defenderá su propio documento antes de la votación que pondrá punto y final al asunto.