Enric Duran, 'Robin Hood' de los bancos
Enric Duran, 'Robin Hood' de los bancos, en rueda de prensa en 2009. ALBERT SALAMÉ/ACN

El Robin Hood de los bancos no ha comparecido al juicio oral que ha comenzado este martes en la Audiencia de Barcelona. En un comunicado, el activista barcelonés Enric Duran, considera que "la desobediencia es la única opción para garantizar que se respeten mis derechos". Con esta acción esperaba conseguir la suspensión del juicio, que había solicitado previamente y le había sido denegada. Un objetivo que finalmente logró. Pero la fiscalía ha pedido una orden de búsqueda y captura.

Este martes comenzaba el juicio oral al Robin Hood de los bancos, que se enfrenta a 8 años de prisión porque entre los años 2006 y 2008 contrató créditos que no tenía ninguna intención de devolver con 39 entidades bancarias. En total, consiguió 492.000 euros que destinó a iniciativas sociales. La fiscalía y hasta 16 acusaciones que representan los intereses de entidades bancarias lo acusan de un delito continuado de falsedad documental mercantil y de un delito de insolvencia punible.

La situación que se podría dar en este juicio, sólo tiene un nombre y es el de farsa judicialEnric Duran advierte en el comunicado que "la situación que se podría dar en este juicio, sólo tiene un nombre y es el de farsa judicial" puesto que el tribunal ha denegado su petición de suspensión y no ha aceptado ninguno de los 23 testigos presentados por la defensa, mientras que los 15 de la acusación participarán en el juicio íntegramente.

"En mi ausencia y sin la capacidad de ejercer directamente su coerción en mi contra, el tribunal tendrá su última oportunidad de rectificar", argumenta el Robin de los bancos.

Una suspensión denegada en más de una ocasión

Duran había pedido la suspensión del juicio por discrepancias con su abogado en diversas ocasiones pero la Audiencia lo rechazó, confirmando así la fecha del juicio. Tanto Enric Duran como su letrado presentaron un escrito a la sección segunda de la Audiencia de Barcelona pidiendo la suspensión del juicio previsto para esta semana. Además, pedía más tiempo para preparar la defensa con un nuevo abogado.

La Audiencia de Barcelona no aceptó ni la renuncia del letrado ni la petición de cambio de abogado de Duran y se opuso a suspender el juicio fijado para el 12 de febrero. La sala expuso, en una interlocutoria, que el activista de Vilanova i la Geltrú tiene el mismo abogado desde el origen del procedimiento hace más de 4 años y que saben desde hace meses -concretamente desde el 15 de octubre- que el juicio oral se haría este martes, miércoles y jueves.

El tribunal rechazó las peticiones al considerar que se trata de un "abuso de derecho" para ganar tiempo.

Destinó el cerca de medio millón de euros que consiguió a iniciativas socialesEnric Duran se enfrenta a una pena de 8 años de prisión. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal recoge que el Robin Hood de los bancos aparentó ser solvente y fingió tener trabajos que no tenía para conseguir créditos de 39 entidades bancarias. Según Duran, lo hizo para denunciar la especulación del sistema bancario y destinó el cerca de medio millón de euros que consiguió a iniciativas sociales.

La fiscalía y hasta 16 acusaciones particulares lo acusan de "constituir empresas y confeccionar nóminas que no se correspondían con la realidad" para conseguir que le concedieran los créditos. En estos documentos se hizo pasar, por ejemplo, por director comercial o informático con sueldos holgados. Por estos hechos, piden que lo condenen a 6 años de prisión por un delito continuado de falsedad documental mercantil.

Además, también lo acusan de haberse desprendido de todo su patrimonio con la intención de que los acreedores no pudieran embargarle nada para resarcir la deuda. La acusación pública recoge que "se desprendió de sus propiedades y se colocó en situación de insolvencia" entre el 2007 y el primer semestre del 2008.

Según las acusaciones, vendió su piso de Barcelona y vendió tres fincas rústicas en Tarragona. Por estos hechos, le piden la pena de 2 años de prisión por un delito de insolvencia punible.

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