La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribo, ha reclamado este martes al Gobierno de Cantabria que materialice los planes que ha anunciado y que deje de hacer "política ficción", ya que lo que ha prometido no aparece "por ninguna parte". Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ha advertido que el Ejecutivo no permitirá "atajos" para la legalización de las viviendas.

En declaraciones a la prensa antes de mantener una reunión con el consejero, el portavoz de AMA, Antonio Vilela, ha criticado que las familias afectadas por la sentencias continúan "sin ninguna solución".

Sin embargo, el consejero, que ha asegurado que entiende la "presión, decepción y frustración" de los afectados porque "el tiempo pasa", ha subrayado que no se puede cambiar el "criterio" del proceso porque "hay que hacer las cosas bien, lleven el tiempo que lleven".

Y es que, según ha indicado Fernández también en declaraciones previas a la reunión, "acortar o atajar plazos" sólo llevaría a que los procesos de legalización de viviendas se hiciesen de "forma inadecuada", lo que podría conducir a que futuras sentencias puedan "colocar a los afectados en la misma situación en la que se encuentran hoy".

"La única solución es hacer las cosas bien", ha insistido, remarcando que el Gobierno de Cantabria "no va a permitir que se hagan atajos", ya que para legalizar las viviendas "hay que dotarlas de un marco normativo ajustado a derecho y eso lleva el tiempo que se necesite".

Fernández ha asegurado que "a todos nos gustaría que los PGOU de los distintos ayuntamientos pudiesen hacerse en cuestión de meses, pero llevan más que eso". En este sentido, ha opinado que desde AMA "lo único" que pueden pedir a la Consejería es "un trabajo constante".

Pero, por su parte, Vilela ha insistido que los afectados están "en precario". "Vemos cómo pasa el tiempo y ni los planes del Gobierno salen adelante ni las soluciones que nos habían prometido se realizan", lo que lleva a AMA a volver a movilizarse para "pedir justicia" para las familias que llevan "tanto tiempo sufriendo una situación tan dura, penosa e injusta".

Aunque en estos momentos "no hay peligro inminente" para ninguna vivienda ya que el proceso está pendiente de una cuestión de constitucionalidad, "el tema no puede quedarse paralizado y esperar a que lleguen los autos de derribo" para "echarnos todos las manos a la cabeza", ha advertido.

"Ahora hay tiempo y posibilidades para hacerlo. Hay unos planes electorales, unos planes del Gobierno. Lo que tiene que hacer no es lo que decimos nosotros sino lo que ellos han puesto en sus propios planes", ha reclamado Vilela al Ejecutivo.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno cántabro debe "cumplir". "Si dicen que se van a legalizar o regularizar 36 viviendas en 2012, que se haga, y si dicen que en 2013 hay 279 viviendas para regularizar, que realmente eso se cumpla", ha solicitado, al tiempo que ha considerado que se debe evitar que el plan se convierta en "un papel mojado más".

Por otro lado, el consejero ha explicado que el Gobierno mantiene reuniones periódicas —cada dos meses— con AMA y con las comisiones de Piélagos, Argoños y Arnuero. Precisamente, el encuentro de este martes corresponde a la reunión global con AMA y al caso concreto de Argoños.

Además, Fernández ha recordado que el plan del Gobierno marcó "el rumbo", pero éste exige "un larguísimo camino", ya que la mayoría de los supuestos en los que el Ejecutivo entiende que se pueden legalizar viviendas "exigen modificaciones de PGOU o POR", unas exigencias en las que, "con mayor o menor fortuna", se viene "trabajando de manera incesante".