El PSOE de La Rioja ha exigido este miércoles al Gobierno regional que pida al Gobierno de España la compensación de 10 millones de euros por no poder crear el Impuesto autonómico sobre depósitos bancarios, tal como ha explicado hoy en rueda de prensa el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista José Ángel Lacalzada.

Lacalzada ha considerado que "la creación artificial de este impuesto sobre depósitos bancarios a tipo cero, supone un trato de favor a los bancos y merma la capacidad de las comunidades autónomas para generar recursos que permitan financiar los servicios esenciales que prestan a los ciudadanos".

El Ministerio de Hacienda ha creado un impuesto estatal a tipo cero sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito, exigible desde el 1 de enero de 2013 en todo el país. Esto, a juicio de Lacalzada "solo pretende evitar que las entidades de crédito tengan que abonar impuestos por los depósitos bancarios".

Además, ha señalado que impide que las Comunidades Autónomas puedan aplicar uno propio, dado que dos administraciones no pueden gravar un mismo hecho imponible.

Para los socialistas, el PP demuestra "una falta de respeto a los principios constitucionales, a las Comunidades Autónomas y a los ciudadanos a los que perjudican cada día con medidas injustas de recortes sociales, en Educación, Sanidad y Dependencia" ha recordado.

Además, Lacalzada asegura que con la falsa creación de este impuesto el Gobierno de España "ha infringido los principios básicos del sistema de financiación autonómica" tales como los de suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.

El diputado del PSOE ha recordado que una Sentencia del Tribunal Constitucional (210/2012 de 2012, de 14 de noviembre) "avala el impuesto sobre entidades bancarias aprobado por la Asamblea de Extremadura en 2001" es decir, "también se considera legal el tributo sobre la banca que aprobaron Andalucía y Canarias".

De esta forma, a partir del 1 de enero de 2013 las Comunidades Autónomas que tenían aprobado este impuesto no podrán aplicarlo, "pero el Gobierno de España tendrá que compensarles por la pérdida de recaudación de acuerdo a la ley de financiación de las Comunidades", lo que para el socialista "es un trato discriminatorio entre las Comunidades Autónomas".

En La Rioja, según datos del Banco de España, el volumen total de depósitos en las entidades de crédito ascendía, a 30 de septiembre de 2012, a 7.593 millones de euros, por lo que, con los parámetros de aplicación de este impuesto en las comunidades autónomas que lo tienen implantado, Lacalzada ha cifrado en 10 millones de euros la recaudación que podría alcanzarse en nuestra Comunidad Autónoma.

Proposición al parlamento.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta en la Cámara riojana una Proposición no de Ley para que el Gobierno de La Rioja exija al Gobierno de España la compensación de 10 millones de euros por no poder crear un impuesto autonómico sobre depósitos bancarios.

Además en su proposición, los socialistas piden al Gobierno de España "que evite la creación de figuras tributarias sin transcendencia recaudatoria" y también que "no impida el ejercicio de la potestad tributaria que corresponde a las Comunidades Autónomas" ha exigido.

Así, si a los 10 millones de la compensación de este impuesto, "unimos los 30 millones de la propuesta fiscal que el PSOE presentó a la Ley de Medidas Fiscales para 2013" La Rioja podría recaudar 40 millones de euros. José Ángel Lacalzada ha matizado que el PSOE apoya una política fiscal "más progresiva, más justa y más solidaria, que paguen más los que más ganan, más tienen y más heredan".

El portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado que la propuesta fiscal del PSOE de La Rioja como ya explicó su Secretario General, César Luena, se resume en "subida del IRPF autonómico para las rentas altas, recuperar la potencialidad del impuesto sobre sucesiones y donaciones para las grandes herencias y aumentar la recaudación del impuesto sobre los grandes patrimonios" que los socialistas destinarían "al mantenimiento del Estado del Bienestar y a políticas para reactivar la economía y crear empleo".