La acusación particular del caso Hiconsa, ejercida por el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva), ha pedido para el exalcalde de la localidad el socialista Juan Antonio Millán y su teniente de alcalde Miguel Novoa tres años de prisión para cada uno y 17 años de inhabilitación para el empleo o cargo público por un delito de prevaricación y por otro continuado contra la ordenación del territorio por una posible corrupción urbanística, conocida como el caso Hiconsa.

Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación particular pide además para el arquitecto imputado las penas de una multa de casi 5.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos; ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación y un año y medio de prisión y una multa de 465.000 por euros por un delito de tráfico de influencias.

Para el administrador de Hiconsa, la acusación pide un año y medio de prisión y una multa de 6,1 millones de euros por un delito de tráfico de influencias, así como la pena de dos años de prisión más la pena de ocho años de inhabilitación para el empleo o cargo público por el delito de contra la ordenación del territorio.

A su vez, para la esposa de Novoa pide la acusación particular dos años de prisión más ocho años de inhabilitación para el empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados indemnizarán al Ayuntamiento de Cartaya con más de tres millones de euros por el perjuicio patrimonial causado en sus arcas públicas.

La denuncia del caso Hiconsa fue presentada en abril de 2009 por IU, ICAR, PP y PA, que están personados como acusación popular, y han pedido las mismas penas, en relación a un convenio urbanístico que la empresa Hiconsa firmó con el Ayuntamiento en julio de 2005 para la construcción de un centenar de viviendas en la barriada de El Almendral, junto al centro de la población.

Dicha valoración fue hecha por el arquitecto denunciado y ha sido cuestionada por otra alternativa encargada por la oposición a otro profesional de la arquitectura. Según esta última valoración, el Ayuntamiento de Cartaya habría perdido más de tres millones de euros en esa operación urbanística.